La Defensoría del Pueblo solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca la anulación del nombramiento de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia, argumentando un incumplimiento a la Ley de Paridad de Género sancionada en 2024.
La Defensoría del Pueblo abrió un nuevo debate jurídico y político al solicitar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anule el nombramiento de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia. El argumento central radica en que su designación vulnera la Ley de Paridad de Género, sancionada en 2024 por el presidente Gustavo Petro.
La normativa exige que al menos el 50% de los cargos de máximo nivel decisorio en el Estado sean ocupados por mujeres. Actualmente, el gabinete ministerial está conformado por 10 hombres y 9 mujeres, lo que representa un incumplimiento evidente de dicha disposición.
En su solicitud, la entidad advierte: “Tal como se ha indicado, el acto demandado vulnera de manera ostensible y directa la norma referida, al no garantizar el mínimo de participación femenina exigido, por lo que su legalidad se encuentra seriamente comprometida, y por ende, el proceso se sustenta en una controversia jurídica que prima facie revela la vulneración del ordenamiento constitucional y legal”.
Este pronunciamiento no tomó por sorpresa al Gobierno, ya que el pasado 17 de junio la defensora del Pueblo, Iris Marín, había enviado una carta al presidente Petro alertando sobre el incumplimiento de la ley de cuotas en la conformación de su gabinete. En esa comunicación, la funcionaria insistió en la necesidad de garantizar el equilibrio de género en la representación ministerial.
El caso ahora queda en manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que deberá decidir si el nombramiento de Montealegre se ajusta o no al marco legal vigente. De confirmarse la vulneración, el Gobierno tendría que realizar un ajuste inmediato en la composición del gabinete para cumplir con la cuota femenina exigida por la ley.
Este episodio revive la discusión sobre la participación política de las mujeres en los más altos cargos del Estado y pone bajo la lupa las decisiones de la Presidencia en cuanto a la conformación de su equipo ministerial.
Y.A.
