La posibilidad de que GESELCA asuma la operación de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira genera preocupación entre gremios y expertos, quienes insisten en resolver primero la crisis financiera de Air-e antes de abrir nuevas alternativas.
Más de 1,4 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira podrían ver cambios en su suministro eléctrico si GESELCA llega a reemplazar a la empresa Air-e como operador regional.
La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos expresó su preocupación ante esta eventualidad. Norman Alarcón, vocero regional en el Caribe, señaló que antes de pensar en nuevos operadores, el Gobierno Nacional debe cumplir con la tarea pendiente de estabilizar a Air-e, tal como lo estipula la Constitución y la ley.
“La prioridad debe ser garantizar el pago de las deudas dejadas por la intervención, asegurando el funcionamiento de la empresa. Solo después de ello se puede abrir un diálogo regional para definir una salida estructural a la crisis del servicio”, dijo Alarcón.
Además, no descartó la participación de GESELCA, pero insistió en que cualquier decisión debe pasar por una mesa de concertación con las fuerzas vivas de la región, e incluso propuso explorar la creación de una empresa pública regional integrada por actores del sector eléctrico.
Desde el ámbito de los expertos, el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, advirtió que la liquidación de Air-e sin antes resolver su crisis financiera podría empeorar la situación. “GESELCA es una empresa generadora y, de acuerdo con la ley, no se permite la integración vertical. De manera que una empresa generadora no puede ser comercializadora”, explicó.
Actualmente, Air-e presta el servicio de energía a más de 1,4 millones de usuarios en los tres departamentos, pero enfrenta un creciente déficit operativo de 168 mil millones de pesos mensuales y deudas que superan los 2 billones de pesos, lo que evidencia la urgencia de soluciones estructurales y sostenibles.
La discusión sobre GESELCA como posible operador refleja las complejidades de garantizar un servicio eléctrico estable, legalmente viable y financiero sostenible en la Costa Caribe, donde la necesidad de consensos regionales se vuelve indispensable.
Y.A.
