El Juzgado Segundo Administrativo Mixto de Riohacha dio 24 horas al Ministerio del Interior, Ecopetrol y Petrobras para cumplir con la sentencia que protege los derechos de comunidades en Dibulla, Riohacha, Uribia y Manaure, en el marco del proyecto de gas natural Sirius-2.
El Juzgado Segundo Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha, bajo la dirección de la juez Kelly Johanna Nieves Chamorro, emitió un ultimátum al Ministerio del Interior, Ecopetrol S.A. y Petrobras para que en un plazo máximo de 24 horas cumplan con la sentencia de tutela que ordena garantizar la consulta previa a comunidades indígenas y afrodescendientes en el departamento de La Guajira.
La orden tiene origen en el fallo del Tribunal Administrativo de La Guajira, emitido el 14 de mayo de 2025, que estableció la obligación de iniciar un trámite administrativo con el fin de identificar a las comunidades de Dibulla, Riohacha, Uribia y Manaure que deben ser consultadas antes de la ejecución del proyecto de gas natural Sirius-2 y la construcción de un gasoducto submarino de más de 200 kilómetros.
La juez recordó que el plazo inicial de un mes ya se cumplió sin que las entidades hayan presentado avances. En su advertencia, exigió que se entreguen los nombres, cargos y correos electrónicos de los funcionarios responsables y de sus superiores jerárquicos, advirtiendo que el incumplimiento derivará en sanciones por desacato, en línea con la sentencia C-367 de 2014 de la Corte Constitucional.
El abogado Pablo Segundo Ojeda, representante de las comunidades demandantes, denunció que “han transcurrido más de 86 días hábiles sin que el Ministerio del Interior expida el acto administrativo ordenado”. Además, afirmó que “se está vulnerando el derecho fundamental al debido proceso y a la consulta previa de más de 3.000 comunidades indígenas y afrodescendientes en la zona costera de La Guajira”.
Ojeda también señaló que tanto Ecopetrol como Petrobras han intentado acercamientos con líderes comunitarios mediante proyectos y becas, pero fuera del marco legal de la consulta previa, lo que fue rechazado por las autoridades tradicionales.
El incumplimiento no solo afecta los derechos colectivos, sino que también pone en riesgo el cronograma del Gobierno y de las petroleras, que proyectan iniciar la explotación de gas natural en 2029. Las comunidades advirtieron que, de no cumplirse la consulta, podrían emprender manifestaciones pacíficas y bloqueos como medida de presión para garantizar la protección de sus derechos colectivos y ambientales.
Y.A.
