En un comunicado a la opinión pública el ministerio de Salud y Protección Social advirtió que con la ponencia alternativa del proyecto de reforma a la salud que se tramita en el Congreso de la República, “60 billones de los impuestos de los colombianos irían a las EPS para el pago de sus deudas, y no a la prestación de salud”.
Dicha cartera indicó que con esto se perpetúa “un modelo de intermediación que concentra los recursos sin controles efectivos, aumenta el riesgo para la sostenibilidad del sistema y relega la atención oportuna, la prevención y la vida de los colombianos, lo que significa un grave retroceso en el cumplimiento del derecho fundamental a la salud”.
Alertas del Minsalud
Las siguientes son las alertas planteadas por el Ministerio de Salud sobre la ponencia alternativa radicada esta semana en el Congreso:
—La ponencia alternativa mantiene la intermediación financiera y el manejo discrecional de los recursos de la salud del pueblo colombiano por parte de las EPS: esto pese a que los informes oficiales recientes han demostrado la creciente insolvencia financiera de estas entidades, la ineficiencia en la gestión del gasto y la enorme deuda con los hospitales, clínicas y proveedores.
—El Consejo Nacional de Salud, cuya naturaleza es consultiva, sustituye las funciones constitucionales del Ministerio de Salud: Esto en temas claves como el plan de beneficios, tecnologías y la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
—El Estado financiará el patrimonio de privados a través de la UPC, que deja de ser una prima que garantiza la financiación de los servicios y tecnologías en salud.
—La última instancia de la validación del cálculo de la UPC estará a cargo de una universidad extranjera.
—La ponencia alternativa privilegia indebidamente a las EPS insolventes, premiándolas con el pago de sus deudas, utilizando los impuestos del pueblo, durante los próximos 5 años, por más de 60 millones de millones de pesos, con los impuestos saludables, el IVA social y un punto del PIB.
Esto significaría perpetuar un modelo de intermediación que concentra y devora los recursos sin controles efectivos, acelerando el colapso del sistema de salud y dejando en segundo plano la atención oportuna, la prevención y la vida de los colombianos.
—Chequera ilimitada a las EPS: no contentos con esto, pretenden obligar al Estado a responder por cualquier exceso en el gasto que tengan las EPS por UPC o por presupuestos máximos, pues la ADRES los debe registrar sin auditar en sus pasivos, y el Ministerio de Hacienda responder en un plazo máximo de 30 días calendario.
—Niega el régimen especial para proteger los derechos de los trabajadores de la salud aprobado por la Cámara de Representantes: la ponencia desconoce la necesidad de formalización laboral, considera que el pago por servicios de salud no debe incluir el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores y los condena a continuar en condiciones laborales de precariedad.
—Quita los recursos para financiar el pago por maternidad a mujeres no cotizantes, establecido y aprobado por la Cámara de Representantes: más de 300 mil madres en situación de vulnerabilidad y sus hijos recién nacidos se verían afectados y desprotegidos, al no recibir medio salario mínimo por tres meses para su protección.
—No habrá pago directo: no se le pagará directamente a clínicas, hospitales y proveedores, como propone la reforma a la salud del Gobierno Nacional y aprobada por la Cámara de Representantes en dos ocasiones, sino que son las EPS las que seguirán decidiendo a quién, cuándo y cuánto pagar, sin controles efectivos sobre este gasto.
—Se destruye la atención primaria: la propuesta obligaría al Gobierno a conseguir recursos adicionales para financiar la atención primaria, el subsidio a la oferta, el plan de intervenciones colectivas, el fortalecimiento de la red pública y los servicios sociales complementarios, trasladando cargas fiscales adicionales al Estado sin tocar la estructura de privilegios de las EPS en un franco incumplimiento a la normatividad vigente.
—Eliminación de la cuenta de fortalecimiento de la red pública hospitalaria: deja sin posibilidades de operatividad a la gran mayoría de hospitales públicos, que no podrán subsistir con venta de servicios.
—Desconoce la autonomía territorial y la descentralización administrativa: se salta la autoridad sanitaria nacional, departamental, distrital y municipal en la conformación de las redes y delega a las EPS la organización, gestión y contratación de la red prestadora de servicios de salud, con lo que seguirán enviando a los afiliados a donde más le convenga por negocio, y no a donde lo necesite el paciente, eliminando el derecho de la libre elección de los ciudadanos.
—Mantiene el negocio de la integración vertical: se establecen diversos condicionantes que imposibilitan su prohibición efectiva.
—Continúa discriminando a más de la mitad de los colombianos: mantienen segmentada la población con un trato desigual en los regímenes contributivo y subsidiado, incumpliendo la Sentencia T- 760/08.
—Elimina las unidades zonales de planeación y evaluación en salud del orden departamental y distrital, que permitirían el manejo eficiente de los recursos asignados y la evaluación de la atención primaria en salud, así como la asistencia técnica a los municipios en la planeación en salud.
