El incremento acelerado de litigios contra la Nación podría costar hasta 29 billones de pesos en pérdidas efectivas y generar un pasivo contingente de 753 billones, comprometiendo la estabilidad fiscal y la credibilidad del país.
El Estado colombiano enfrenta una verdadera bomba de tiempo en sus finanzas públicas debido al crecimiento explosivo de las demandas y litigios en su contra. Según cifras de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), a junio de 2025 las pretensiones acumuladas ascienden a 753 billones de pesos, un incremento de 326 billones frente al 2019.
Entre 2015 y 2020, el promedio anual de procesos activos rondaba las 13.000 causas, pero en 2024 la cifra escaló a 70.000, y en apenas seis meses de 2025 ya se han registrado 28.700 demandas. Este fenómeno no solo tensiona las cuentas fiscales, sino que erosiona la confianza de inversionistas y ciudadanos en la estabilidad del país.
Un informe de Anif advierte que, aunque la Andje mantiene una alta tasa de éxito (88,2 % en 2024), el volumen creciente de casos llevaría al Estado a perder alrededor de 29 billones de pesos, equivalentes al 1,6 % del PIB. Un monto que supera con creces los recursos disponibles en el Fondo de Contingencias, estimados en apenas 6 billones.
“El Estado debe reforzar su defensa jurídica, retomar los aportes al Fondo de Contingencias y evitar decisiones que induzcan inseguridad jurídica”, señala el informe del centro de estudios.
Los litigios más frecuentes se concentran en los casos no laborales, que pasaron de 3.200 demandas en 2015 a 14.500 en 2024. Además, se destacan pleitos estratégicos como los 43 procesos judiciales de empresas mineras, cuyas pretensiones suman 3,82 billones, o la demanda interpuesta por los accionistas del grupo Keralty tras la intervención de la EPS Sanitas.
En paralelo, la Dian enfrenta un panorama complejo en materia de litigios tributarios. Actualmente, se contabilizan cerca de 7.000 procesos en la jurisdicción contenciosa administrativa, con una cuantía de 27,3 billones de pesos. La mayor parte de los conflictos se concentran en el impuesto de renta, considerado por expertos como el terreno más fértil para disputas fiscales prolongadas.
El abogado Felipe Arias lo resume así:
“Es el más complejo y, claramente, el más litigioso. Este impuesto es un terreno fértil para diferencias de interpretación que terminan en procesos eternos”.
El problema se agrava porque estos litigios tardan en promedio ocho años en resolverse. Aunque se intentó crear una figura de arbitraje tributario para reducir los tiempos a un año, nunca se materializó la ley que lo haría posible.
El impacto no se limita a las cuentas del Estado. Según los analistas, el crecimiento exponencial de las demandas también socava la credibilidad institucional y refuerza la percepción de inseguridad jurídica, factores que encarecen el costo del financiamiento externo y reducen el atractivo de Colombia para la inversión extranjera.
En conclusión, el Estado colombiano no solo enfrenta un déficit fiscal de 16,3 billones en el presupuesto 2026, sino también un pasivo contingente que podría desbordar la capacidad financiera de la Nación si no se toman medidas urgentes en materia de defensa jurídica y gestión de litigios.
Y.A.
