La reforma pensional aprobada por el Congreso aún espera el fallo de la Corte Constitucional, mientras los fondos privados reclaman claridad sobre plazos, transición y condiciones de implementación.
El futuro de la reforma pensional en Colombia sigue en manos de la Corte Constitucional, mientras los fondos privados de pensión advierten sobre la necesidad de contar con plazos claros y medidas de transición adecuadas en caso de que la iniciativa aprobada por el Congreso sea declarada exequible.
El Gobierno Petro ha insistido en que el nuevo modelo es urgente para garantizar la sostenibilidad del sistema, pero desde el sector privado se advierte que la implementación no puede ser improvisada.
De acuerdo con Asofondos, gremio que agrupa a los fondos privados, se requerirían al menos dos meses desde que la Corte emita su pronunciamiento para poner en marcha los cambios que obligarían a que todos los trabajadores coticen en Colpensiones.
“Al menos se van a necesitar dos meses desde que la Corte haga su pronunciamiento para hacer los cambios que lleven al vuelco radical del sistema”, explicó Andrés Velasco, presidente del gremio, en declaraciones recogidas por La República.
Régimen de transición en discusión
Uno de los puntos críticos señalados por los fondos es el régimen de transición. Según Velasco, la ampliación de este régimen permite que más personas puedan optar por no ingresar al nuevo sistema.
“Recordemos que los opcionables son las mujeres que completen 750 semanas cotizadas o más, y los hombres que completen 900 semanas cotizadas o más antes de la entrada en vigor de la reforma. Entonces, estas semanas, desde el 1 de julio hasta que la Corte decida, es un tiempo que los colombianos van a poder acreditar para entrar en el régimen de transición”, puntualizó.
Banco de la República también pide más tiempo
Los llamados de atención no provienen únicamente de los fondos privados. El Banco de la República, que tendrá a su cargo la selección de los expertos que administrarán el nuevo fondo público de Colpensiones, también solicitó más tiempo para la implementación.
En medio de un escenario de incertidumbre, la presión recae sobre la Corte Constitucional, que deberá definir si la reforma sigue adelante o si se requieren nuevos ajustes antes de su entrada en vigor.
Y.A.
