Mientras la diputada Alejandra Moreno resaltó la gestión de la Supersalud en la ESE UNA Universitaria, el exmagistrado César Lorduy recordó que el interventor si puede terminanr contratos, pero alguien distinto no lo podía ni lo puede hacer sin riesgo de indemnizaciones millonarias.
La intervención de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) en la ESE UNA Universitaria continúa generando reacciones en el Atlántico. La diputada Alejandra Moreno celebró la decisión de dar por terminados contratos de medicamentos y laboratorio, en los que privados se apropiaban entre el 70 % y 80 % de los recursos destinados a la entidad.
La dirigente anunció que aún están en revisión otros dos contratos de alto impacto: uno por 354 mil millones de pesos relacionado con el servicio de UCI y otro por 303 mil millones correspondiente a imágenes diagnósticas. “Con este modelo de salud dejaron morir a la red de hospitales del departamento”, cuestionó Moreno en diálogo con un medio barranquillero.
Por su parte, el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), César Lorduy, se pronunció en su cuenta de X con un matiz distinto. Señaló que, si bien el artículo 24 de la Ley 1797 de 2016 faculta al interventor para dar por terminados algunos contratos, no puede pasarse por alto el riesgo de eventuales indemnizaciones, en caso de que alguien distinto lo hubiera hecho. “Una cosa es que el interventor de la ESE-UNA pueda dar por terminado algunos contratos […] y otra cosa es que se diga que no se quiso hacer lo mismo con anterioridad, ignorando los riesgos de una indemnización”, precisó.
La discusión refleja las tensiones alrededor de la gestión de la ESE UNA Universitaria y del modelo de contratación que, según la Asamblea, debilitó la red hospitalaria pública del Atlántico, y que, de acuerdo con juristas, debe abordarse con responsabilidad legal para no comprometer las finanzas del sector.
