Por: José Félix Lafaurie
Los terroristas integrantes del denominado “Secretariado de las FARC” fueron hallados responsables de 21.396 secuestros que incluyeron, en muchos casos, asesinato, tortura, reclutamiento de menores y violencia sexual, entre otros. Sin embargo, la condena parece un chiste: 8 años de “sanciones propias” que no les impiden la movilidad para hacer política.
Esta sentencia condenatoria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la primera después de más de 7 años desde que inició labores, fue considerada como “la gran estafa” y una “vergonzosa impunidad” por José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán.
El alto ejecutivo recordó que esa institución, creada al amparo de la supuesta “paz” firmada entre Juan Manuel Santos y los terroristas de las FARC, se gastó siete años largos que suman 1834 días hábiles, con una planta actual (Acuerdo AOG 004 de 2025) de 1456 empleados y a un costo que ya supera los 3 billones, logró “establecer la culpabilidad de unos criminales que la justicia ordinaria no solo había investigado hasta la saciedad, sino también juzgado y condenado”.
Orden de la JEP para cesar cualquier acción judicial
Y criticó que los integrantes del Secretariado de ese grupo al margen de la ley la hayan sacado tan barata. “Para la muestra, el botón de Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, director del Partido Comunes, quien se sentó a conversar con el gobierno Santos con circular roja de Interpol, recompensa de Estados Unidos por 5 millones de dólares, 182 procesos judiciales abiertos en Colombia, 141 órdenes de captura, 57 medidas de aseguramiento y 13 condenas que ya sumaban ¡448 años de prisión!”, agregó.
En su columna semanal titulada “JEP: La gran estafa”, Lafaurie Rivera reveló que en las 663 páginas, 1773 consideraciones y 131 numerales en su parte resolutiva, la JEP le extendió 91 órdenes diferentes a todas las instancias del Estado, ya sea para garantizar el cumplimiento de las sanciones o la salud, la seguridad y el bienestar de los sancionados, “y muchas sin relación alguna con la sentencia, entre las cuales se esconde, por supuesto, la llave para cerrar por dentro la puerta de la impunidad y ‘advertir’ (Num. 126) que toda investigación o condena de la justicia penal ordinaria queda subsumida y absorbida por este remedo de justicia”.
Observaciones finales
– La primera: que la JEP se cuidó de expedir a la vez la sentencia a los 12 militares acusados de ejecuciones extrajudiciales, igualmente extensa, aunque sin adornos retóricos al corazón de Colombia, y ante la cual no sobra recordar que la misma JEP estableció que los llamados “falsos positivos” no fueron una política de Estado ligada a la Seguridad Democrática.
– La segunda es una ocurrencia: si todos los presos del país, condenados por menos delitos y mucho menos graves, pudieran acudir a los tribunales invocando el derecho a la igualdad ante la justicia, las cárceles… se desocuparían.
– La tercera es de Ripley: el presidente de la JEP ha reiterado que no hay presupuesto para los proyectos restaurativos de sus condenas de opereta. Y entonces… ¿impunidad total…, la gran estafa?
