La Fiscalía General de la Nación imputó al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, junto a dos funcionarias de su administración, por presuntas anomalías en la celebración de un contrato de prestación de servicios. El caso involucra posibles amenazas, manipulación de testigos y favorecimiento indebido en procesos contractuales.
De acuerdo con el ente acusador, los elementos materiales probatorios recaudados indican que el mandatario habría amenazado al entonces gerente de Ecovivienda, empresa pública de la ciudad, para presionarlo a firmar un documento que lo exoneraba de responsabilidad en las supuestas irregularidades. La presión se habría ejercido con el fin de justificar la celebración de un segundo contrato que reemplazó a uno anterior que nunca fue ejecutado.
La investigación revela que el primer contrato, suscrito en febrero de 2024 por un valor de 19,8 millones de pesos, no se ejecutó. Posteriormente, se celebró un nuevo contrato por 54,2 millones de pesos a través de Ecovivienda. Curiosamente, este segundo acuerdo se gestionó después de que se interpusiera una demanda de nulidad contra la elección del alcalde y culminó tras el retiro de dicha acción legal. La persona que presentó la demanda fue contratada en medio de este proceso, lo que ha levantado sospechas de posibles presiones indebidas para desistir del proceso judicial.
Además del alcalde Krasnov, fueron judicializadas Luz Mila Acevedo Galán, directora de Contratación del municipio, y Sara Catalina Pedraza Canaría, exgestora Social. Según la Fiscalía, Acevedo Galán habría actuado como coautora en las irregularidades, mientras que Pedraza Canaría fue señalada como cómplice.
A Mikhail Krasnov se le imputaron los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigo, mientras que las otras dos involucradas enfrentan cargos por interés indebido, cada una con distinta participación penal.
Aunque los cargos son graves, el juez de control de garantías que presidió las audiencias decidió imponer medidas no privativas de la libertad a los tres procesados, acatando la solicitud de la Fiscalía.
La ciudadanía tunjana sigue atenta al desarrollo del caso, que ha sacudido el panorama político local y puesto bajo la lupa los manejos administrativos dentro de la Alcaldía.
