La Jurisdicción Especial para la Paz informó que tres generales, dieciocho oficiales y cuatro suboficiales aceptaron su participación en los falsos positivos cometidos en la Costa Caribe, donde 604 personas fueron desaparecidas y asesinadas para inflar los llamados “resultados operacionales”.
Un total de veinticinco exmilitares colombianos, entre ellos tres generales, dieciocho oficiales y cuatro suboficiales, reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos, cometidas en la región del Caribe colombiano entre 2002 y 2008.
De acuerdo con el tribunal, estas unidades del Ejército pertenecientes a las brigadas Segunda, Décima y Décimo Primera desaparecieron y presentaron como “resultados operacionales” a 604 personas inocentes, en una práctica que se consolidó como un “patrón macrocriminal”.
La JEP explicó que los exmilitares fueron imputados por homicidio en persona protegida y desaparición forzada, delitos que constituyen crímenes de lesa humanidad y de guerra. Según el alto tribunal, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) se aplicó un sistema de presión interna en las Fuerzas Militares, donde se premiaban los reportes de bajas y se sancionaba a quienes no cumplían las metas.
“Esta se sostenía en un sistema de presión por bajas, con exigencias y sanciones a quienes no presentaran resultados operacionales. A ello se sumaron incentivos y recompensas para quienes se destacaran en los reportes de muertes en combate”, señaló la JEP en su comunicado.
El tribunal resaltó además que la política militar de la época estuvo marcada por “actos de encubrimiento y ausencia de controles”, lo que permitió la presentación de asesinatos y desapariciones forzadas como bajas legítimas en combate, con el objetivo de inflar los indicadores de éxito.
La JEP estima que al menos 6.402 personas fueron víctimas de falsos positivos en todo el país. Solo la semana pasada, en un proceso paralelo, el tribunal condenó a doce exmilitares a penas restaurativas de entre cinco y ocho años por su responsabilidad en 135 asesinatos cometidos en el norte del país entre 2002 y 2005.
Este reconocimiento, considerado un avance en el proceso de justicia transicional, abre la puerta a medidas de reparación para las víctimas y sus familias, así como al esclarecimiento de uno de los episodios más dolorosos del conflicto armado colombiano.
Y.A.
