Por: Álvaro Cotes Córdoba
La sombra de la violencia en Santa Marta nunca se disipa del todo. Sin embargo, ha evolucionado o mutado o se ha adaptado a la modernidad. Desde hace varias semanas, videos virales en redes sociales muestran a jóvenes, con las cabezas rapadas a máquina y expresiones de terror, confesando delitos como robos o maltratos familiares.
Obligados a jurar ante la cámara que no volverán a delinquir, estos «castigos» son atribuidos a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), un grupo armado ilegal que opera en la Sierra Nevada de Santa Marta y que, en un giro macabro, les «perdona la vida» a cambio de esta humillación pública.
Uno de los casos difundido fue el 21 de septiembre, donde dos supuestos cobradores del propio grupo que, según las grabaciones, se apropiaron de fondos de extorsión y reciben sus castigos. Uno de ellos, sin camisa y machete en mano, limpia un lote baldío mientras balbucea: «Los Conquistadores me perdonaron la vida porque me robé la plata de las oficinas. Les doy por consejo que no toquen la plata ajena». En el segundo video, un hombre con cejas y cabeza afeitadas sostiene un cartel: «No puedo trabajar más de pago diario porque robé, hice ficticias. La plata ajena se respeta».
Esas escenas, que acumulan miles de vistas en plataformas como TikTok y Facebook, no solo exponen la crudeza de la «justicia» paralela, sino que evidencian el vacío de autoridad estatal en una ciudad que anhela paz.
Sin embargo, esta forma de escarmiento, aunque brutal en su exposición digital, marca una diferencia abismal con el modus operandi de otro grupo que sembró el pánico en Santa Marta, décadas atrás: Los Chamizos, que emergieron en los años 70 como una respuesta armada a la guerrilla de las FARC y la delincuencia común, pero rápidamente se convirtió en un aparato de terror.
Entre los 80 y 90, Los Chamizos controlaban el casco urbano y las trochas de la Sierra Nevada con mano de hierro. Su «limpieza social» no perdonaba: robos y atracos se castigaban con ejecuciones sumarias. El legado de Los Chamizos no es solo sangre; es un trauma colectivo. En los 90, persiguieron incluso a subculturas como punkeros y metaleros, viéndolos como amenazas al orden conservador. Hoy, las ACSN –herederas directas de la desmovilización de las AUC en 2006, parecen haber evolucionado o mutado: en lugar de balas, usan algoritmos para amplificar el miedo. Pero el fondo es el mismo: control territorial a través del terror.
La proliferación de estos videos ha encendido alarmas en Santa Marta, donde la inseguridad urbana se entremezcla con la presencia de grupos como las ACSN y el Clan del Golfo, que disputan corredores de narcotráfico y extorsiones. En un sondeo informal realizado por este medio entre padres de familia de barrios como Pescaíto, Mamatoco y Taganga –zonas calientes de estos «juicios»–, las respuestas reflejan una mezcla de resignación, ira y desesperación por la falta de autoridad oficial.
María Fernanda López, madre de un adolescente de 16 años, confesó que no comparte esa clase de castigo. “¿Quiénes son ellos para raparle la cabeza y obligarlo a humillarse en internet? La Policía no hace nada, y el miedo nos calla. Es como si el Estado nos hubiera abandonado a estos verdugos disfrazados de justicieros», dijo.
Otro padre, José Ramírez, un pescador de 52 años, fue más directo: «En los tiempos de Los Chamizos, mataban y ya. Ahora graban para que todos veamos y nos demos cuenta de que mandan ellos. ¿Dónde está el Gobierno? ¿En Bogotá, dialogando con terroristas mientras aquí nos matan el alma? Necesitamos presencia real, no promesas».
Yolanda Herrera, de 45 años y madre soltera en Bastidas, resume el sentir colectivo: «Estos grupos controlan todo: el turismo en Tayrona, las extorsiones a comerciantes, hasta la vida de nuestros hijos. La justicia por mano propia no es justicia, es barbarie. Si el Estado no actúa, ¿quién nos protege? Mis hijas no salen solas por miedo a terminar en un video».
Sin embargo, no todos condenan las acciones de las ACSN. Algunos padres, hastiados por la inseguridad, ven en estos castigos una alternativa preferible a la violencia letal de antaño. Carmen Torres, comerciante de 48 años de Gaira, opina: «Es duro ver a los muchachos rapados y humillados, pero prefiero eso a que los maten como hacían Los Chamizos. Si el Estado no controla a los ladrones, alguien tiene que poner orden, aunque sea así».
De forma similar, Luis Mendoza, padre de dos jóvenes en Taganga, sostiene: «Si mi hijo robara, mejor que lo humillen y lo dejen vivo a que lo encuentre en un monte. Los Chamizos no perdonaban, estos al menos dan una oportunidad «. Estas posturas reflejan una sociedad dividida, donde el vacío institucional alimenta tanto el rechazo como una resignada aceptación de la justicia por mano propia.
Según la Defensoría del Pueblo, Santa Marta registra un aumento del 30% en denuncias por extorsión y desplazamientos en 2025, evidenciando la influencia de grupos como las ACSN y el Clan del Golfo en corredores de narcotráfico.
Las ACSN, con unos 800 miembros, ejercen presencia en La Guajira y Cesar. No obstante, sus acciones recientes sugieren que el control territorial sigue siendo su prioridad. La transición de las balas de Los Chamizos a las humillaciones virales de las ACSN no representa un avance, sino una mutación de la violencia que explota las redes sociales para amplificar el miedo. Santa Marta clama por un futuro donde la ley, y no el miedo, reine soberana.
