El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, solicitó al Gobierno Nacional los recursos necesarios para ejecutar las primeras sanciones restaurativas por secuestros y falsos positivos, que superan los $121 mil millones.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enfrenta un serio déficit financiero para llevar a cabo sus primeras sentencias restaurativas en los casos de secuestros cometidos por la exguerrilla de las Farc y de los llamados falsos positivos perpetrados por miembros del Ejército.
Según conoció un medio de comunicación nacional, el costo total de estas decisiones judiciales asciende a 121.858 millones de pesos, de los cuales solo están garantizados 20 mil millones. Ante este panorama, el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, envió una carta al Gobierno solicitando la asignación de los recursos pendientes.
La primera de estas sentencias, emitida el pasado 16 de septiembre, recayó sobre los siete exintegrantes del último secretariado de las Farc por más de 21.000 casos de secuestro. Su implementación requiere 35.762 millones de pesos, distribuidos en proyectos como Medio ambiente, naturaleza y territorio (13.634 millones), Huellas por la memoria (10.587 millones), Acción Integral Contra Minas (AICMA) (5.829 millones) y búsqueda de personas desaparecidas (5.712 millones).
Por otra parte, la condena a 12 exmilitares del Batallón La Popa de Valledupar por ejecuciones extrajudiciales —conocidas como falsos positivos— demanda 86.096 millones de pesos. Dichos fondos se destinarían a iniciativas de memoria histórica, centros de armonización para los pueblos Kankuamo y Wiwa, casas culturales, proyectos productivos comunitarios y programas de restauración territorial.
La JEP advirtió que, sin los recursos completos, estos proyectos corren el riesgo de quedarse “en el papel”, lo que afectaría no solo la reparación a las víctimas, sino también la credibilidad del sistema de justicia transicional.
Asimismo, la entidad expresó preocupación porque el Ministerio de Justicia aún no ha expedido el decreto de condiciones transversales —relacionado con seguridad, prevención, habitabilidad y dignidad—, pese a que ya existe un consenso institucional para su aprobación.
La falta de acción, advirtió la JEP, compromete el cumplimiento de las sanciones propias y de las medidas de contribución a la reparación, pilares fundamentales del Acuerdo Final de Paz.
Y.A.
