Por José David Name Cardozo
Senador de la República
Partido de la U
Con la promesa de blindar al país frente al déficit de gas natural y mitigar el impacto de la volatilidad en las tarifas, fue radicado en el Senado de la República el Proyecto de Ley 247 de 2025, un paquete de medidas para enfrentar la actual crisis energética. Sin embargo, al revisar el contenido de la iniciativa, resulta ser una seria amenaza para la estabilidad económica y el desarrollo de la Costa Caribe, el castigo injusto para una de las regiones más golpeadas por las deficiencias y los altos costos de los servicios públicos.
El proyecto de ley que iniciará su trámite en la Comisión Quinta del Senado propone habilitar contratos de importación de largo plazo con recuperación tarifaria, implementar canastas tarifarias a lo largo de la cadena del gas y migrar a un esquema de estampilla nacional en el transporte de gas; esta última ha generado un fuerte rechazo en el Caribe por el incremento de entre un 20 % y 30 % que sumaría la nueva estampilla a la tarifa de servicio de gas natural en la región.
El esquema que se propone elimina el reconocimiento de las particularidades regionales, transfiriendo costos de transporte y suministro a los usuarios del Caribe. Si se aprueba esta cuestionable iniciativa, que busca promediar los costos de transporte del energético entre la costa y el interior del país, los usuarios de la región Caribe terminarían subsidiando, de manera injusta y sin tener en cuenta su ubicación geográfica, a regiones que cuentan con mayor poder adquisitivo y una infraestructura energética más consolidada.
En su apreciación sobre el proyecto de ley, el gerente de Gases del Caribe, Ramón Dávila alertó que: «si nosotros pagamos por transporte USD1,50 por millón de BTU para transportarlo a todos los rincones de la Costa, al interior le puede costar alrededor de USD5,50 a USD6, y lo que se pretende con el proyecto es promediar el valor del interior con el de la Costa y dividirlo, para cobrarle USD3,50 a cada usuario de todo el país. Me parece que eso es injusto con la Costa porque, en energía eléctrica, pagamos unos costos muy superiores si se compara con los del interior del país».
Un aumento en las tarifas del gas natural no solo significaría un gran retroceso en la diversificación de la canasta energética de la región Caribe, sino que también implicaría un aumento en el costo de un producto que consumen diariamente familias vulnerables, en su mayoría residentes de estratos 1 y 2. El impacto en la Costa Caribe sería doblemente devastador, por un lado, se sumaría el injusto incremento del transporte y, por el otro, los incrementos derivados de los precios volátiles de la importación. Todo esto se traduce en un alza potencial de las facturas que el proyecto pretende evitar, agravando la desigualdad estructural y la pobreza energética en la región.
Sería un contrasentido inexplicable, aprobar un proyecto de ley que desconoce la realidad social y económica de una región. En el Caribe no tenemos por qué pagar sobrecostos en el transporte para que en el interior del país tengan mejores precios de gas. No vamos a permitir que la solución a la crisis provocada por la falta de desarrollo de proyectos de exploración y explotación, sea en detrimento del desarrollo económico, energético y social de la Costa Caribe. Los parlamentarios de la región Caribe votaremos en contra de este proyecto que lejos de ofrecer una solución integral a la problemática energética estaría generando una violencia tarifaria.
