El caso de Juliana Guerrero, cercana al presidente Gustavo Petro, destapó un entramado de supuestas expediciones irregulares de títulos en la Fundación Universitaria San José, que salpicaría a otros nombres ligados al Gobierno.
El caso de Juliana Guerrero, joven cercana al presidente Gustavo Petro y designada como viceministra de Juventudes, encendió una tormenta política al revelarse que obtuvo el título de contadora en la Fundación Universitaria San José sin haber cumplido con los requisitos legales.
Entre las omisiones señaladas, sobresale la no presentación del examen Saber Pro, trámite obligatorio para todo estudiante de educación superior en Colombia.
Las denuncias no tardaron en crecer. Francisco Pareja González, representante legal de la institución, acusó al exsecretario general Luis Carlos Gutiérrez Martínez de los presuntos delitos de daño informático y obtención de documento público falso, además de anunciar su despido junto con todo su equipo de trabajo.
Sin embargo, voces internas de la universidad sostienen que el caso Guerrero no es un hecho aislado. Un exfuncionario, que pidió la reserva de su identidad, aseguró a un reconocido medio de comunicación nacional que existía una práctica extendida de otorgar diplomas antes de que los estudiantes cumplieran con los requisitos.
“Era bastante frecuente que esto pasara: podían graduarse sin presentar las pruebas Saber Pro, con la promesa de hacerlo después. El caso de Juliana Guerrero no es único”, afirmó.
La polémica creció aún más con la mención de otro nombre: Laura Julieth Martínez Morales, influenciadora contratada en 2024 por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Al presentar su hoja de vida en julio de ese año, afirmó ser bachiller, pero dos meses después firmó contrato como ingeniera industrial gracias a un título expedido por la Fundación San José.
El diploma llevaba fecha 5 de julio, aunque, de acuerdo con las certificaciones, presentó el Saber Pro el 7 de julio, lo que expertos califican como una irregularidad grave e ilegal.
Según el exfuncionario, este tipo de títulos podía costar hasta 20 millones de pesos, aunque esta versión no ha sido comprobada judicialmente.
En medio del escándalo, distintas voces han pedido la intervención inmediata del Ministerio de Educación Nacional para auditar la expedición de diplomas en la institución y verificar si cumplen con los requisitos de la ley.
Y.A.
