Así mismo, Rodríguez alertó sobre la persistente pobreza en la población afrocolombiana, cuestionó la dispersión de los recursos públicos y llamó a fortalecer políticas de Estado y control ciudadano para garantizar derechos e inclusión social.
Barranquilla fue escenario del IV Foro Internacional de Parlamentarios: África, Europa, América Latina y el Caribe, un encuentro de alto nivel donde congresistas, líderes políticos y organismos multilaterales debatieron sobre democracia, derechos humanos y control institucional. Allí, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, representó al país y centró su intervención en la urgencia de reducir las desigualdades sociales y étnicas.
Desigualdad con rostro afro
“El pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero clama respuestas no por más diagnósticos, exige una implementación real de sus planes de reparación colectiva, la restitución efectiva de sus territorios y un trato institucional que le reconozca sobre todo su identidad y su dignidad”, señaló Rodríguez.
Con base en cifras del DANE, advirtió que la pobreza en esta población alcanzó el 48,8 % en las mujeres y el 45 % en los hombres, mientras que la pobreza extrema fue del 21,5 % en ellas y del 19 % en ellos. “Estos, aparte de ser simples indicadores fríos, nos recuerdan la necesidad de redoblar esfuerzos en la política pública y en las inversiones dirigidas a las comunidades afrodescendientes”, expresó.
El contralor fue enfático en cuestionar la dispersión de recursos, especialmente los provenientes de regalías. “El 86 % de los proyectos son inferiores a cinco mil millones de pesos. Se trata de ejecutar por ejecutar. Encuentra uno tres o cuatro parques en un municipio, pero no la escuela dotada o el hospital que se necesita”, dijo.
Agregó que el problema no es únicamente de falta de recursos, sino de focalización y planeación, elementos que deben garantizar un verdadero impacto social.
Rodríguez resaltó avances como el Decreto 129 de 2024 sobre ampliación y saneamiento de tierras colectivas, así como los 24 programas sociales reportados por el Ministerio de Igualdad en su primera rendición de cuentas. Sin embargo, advirtió que el reto no está solo en la asignación, sino en la ejecución y vigilancia efectiva de esos recursos.
En ese sentido, destacó la creación de dos nuevas delegadas en la Contraloría: una para población focalizada y otra para inclusión social. “Nuestro deber es garantizar que los recursos lleguen efectivamente a sus beneficiarios y que se traduzcan en derechos garantizados”, afirmó.
Por otro lado, el contralor insistió en que el control fiscal es “incómodo pero necesario” y subrayó que más allá de verificar la ejecución contable, lo importante es medir los resultados en la reducción de desigualdades.
También resaltó el papel de la ciudadanía: “En la medida en que los ciudadanos tengan información de las obras y de la gestión pública, se convierten en dolientes de la ejecución del presupuesto. Lo público no es de nadie, lo público es de todos”.
En su intervención, Rodríguez planteó la necesidad de fortalecer redes globales de órganos garantes para compartir buenas prácticas y crear mecanismos de alerta conjunta frente a la corrupción y otros desafíos. “La democracia no se mide solo por la libertad de elegir, sino por la capacidad que tengan los Estados de garantizar derechos y servicios en igualdad de condiciones”, concluyó.
