«Ingresos de la coca superan remesas», advierte Daniel Mejía en informe con datos del Ministerio de Defensa

Daniel Mejía.

Por: Adriano Serpa Azocar

En una contundente declaración que está generando polémica, el economista Daniel Mejía, con base en cifras obtenidas del Ministerio de Defensa, aseguró que los ingresos generados por el narcotráfico de cocaína en Colombia superan los montos de las remesas que los colombianos envían al país desde el extranjero.

Cifras que estremecen

Según Mejía, restando lo que se pierde en incautaciones y usando precios conservadores de venta internacional, el mercado de la cocaína dejó al país cerca de US$ 15.300 millones durante 2023.

Eso equivale a aproximadamente 4,2 % del PIB nacional para ese año.

Las remesas, por su parte, se ubican por debajo de ese monto, lo que, según Mejía, demuestra que el flujo de dinero proveniente del narcotráfico tiene una magnitud inusitada comparada con uno de los principales soportes económicos externos de muchas familias
colombianas.

Lo que implica

Mejía advierte que, aunque el narcotráfico mueve sumas gigantescas, estos ingresos no están formalizados: no generan empleo legal, no pagan impuestos, ni fortalecen la estructura productiva del país, a diferencia de sectores como la agricultura, la industria, o de supuesto las remesas que al menos entran por canales formales.

Los cultivos de coca siguen expandiéndose, mientras que las estrategias de erradicación manual y otras medidas tradicionales reportan reducciones en su efectividad.

Repercusiones políticas y sociales

Esta afirmación cae como un baldado de agua fría al gobierno actual, pues pone en entredicho la capacidad del Estado para controlar el narcotráfico y frenar su influencia económica.

Hay preocupaciones crecientes de que el narcotráfico no sólo distorsiona la economía, sino que también alimenta la corrupción, el lavado de dinero, y el fortalecimiento de grupos armados ilegales.

Expertos sugieren que esta realidad exige reformas urgentes: fortalecimiento institucional, transparencia en los canales financieros formales, mayor inversión social en zonas rurales afectadas por la coca, y estrategias que realmente limiten la tentación de dedicarse al cultivo ilícito.