Por: Alberto Ortiz Saldarriaga
Durante y antes de 2023 en cada una de los plenarios y juntas nacionales de FECODE, y en cada una de las filiales, era generalizada la queja permanente de los maestros por la muy mala atención en materia de salud. La percepción en ese entonces como la de ahora, era que en lo único en lo que se notaba la pertenencia a un régimen especial era en los altísimos descuentos que mensualmente se hacían a los educadores.
El diagnóstico de la situación apuntaba hacia la sujeción, contra su voluntad, de los docentes y de sus familias por cuatro (4) años y hasta más (prórrogas) a unos contratistas privados a los que, desde una concepción y lógica de la salud como mercancía y no como derecho fundamental, lo que menos les importaba era precisamente brindarle una atención de calidad y con oportunidad a los usuarios del FOMAG.
Lo anterior en la medida en que sus ganancias dependían precisamente de no atender o «racionalizar» o «dosificar» la atención en virtud de un perverso sistema de contratación denominado cápita, en el que anticipadamente recibían una enorme cantidad de dinero, calculado tras el ejercicio de multiplicar un valor nada despreciable de moneda (Unidad de Pago por Capitación del Magisterio) por el número de maestros por atender.
Sin controles efectivos, fue precisamente ese modelo de contratación y financiación (subsidio a la oferta) aunado a la integración vertical (los famosos contratos del yo con yo) los que posibilitaron que cada atención negada o dilatada en el tiempo terminara a la postre convirtiéndose en ganancia o utilidades que se utilizaron, o más bien desviaron, para construir infraestructura y comprar tecnología que no enriquecieron la atención de los pacientes sino los activos y cuentas de particulares.
La situación se agravó significativamente, además, porque con la misma capacidad instalada que se construyó con recursos públicos y de los maestros y aprovechando la ausencia de regulación de Minsalud (el neoliberalismo desregulariza y limita la intervención del Estado en favor del mercado) la firma de contratos con todas las EPS posibles crecieron por encima de la capacidad real de las clínicas de atender a todos sus usuarios.
A partir de ese panorama, heréticamente nos anticipamos y fuimos los primeros en proponer, este mismo medio en noviembre 5 de 2022 y a través de un artículo titulado “Maestros: ¿Excluidos de una reforma integral a la Salud?”, las bases de un nuevo modelo de salud que contemplara como mínimo lo siguiente:
1. Aplicarle al sector privado una dosis de lo que el neoliberalismo aplicó a los hospitales públicos para debilitarlos y aniquilarlos frente a la oferta privada, esto es, pasar de un esquema de subsidio a la oferta (pago por cápita) a uno de subsidio a la demanda (pago por eventos con estrictos procesos de auditoría); 2. Romper con la integración vertical; 3. introducción para los usuarios del derecho a la libre escogencia; 4. Repotenciación del sector público para competir y asumir el desafío de atender con lujo de detalles (tecnología y calidad) a los maestros y/o 5. Construcción en cada municipio de una infraestructura hospitalaria de propiedad de los maestros del país.
Infortunadamente la idea inicial, socializada en su momento con altos funcionarios del gobierno, se desfiguró a tal punto que a la cápita se sumó una forma disfrazada de la misma llamada Pago Global Prospectivo (PGP) y la integración vertical y la hegemonía privada sobreviven al igual que la falta de controles y auditorías efectivas dificultadas por la multiplicación descontrolada de prestadores y agravada por una escisión o separación, que debería corregirse, entre quienes efectivamente prestan servicios y quienes desde la ausencia de una oferta pública (que propusimos asumiera La Rebaja) continúan fragmentadamente proveyendo medicamentos con nuevos y altos costos para los bolsillos de maestros y maestras.
Si a toda la errática comprensión de lo que se debía hacer y a la administración indebida del modelo por una fiducia (La Previsora) que entendió (sin que nadie la corrigiera) que el Consejo Directivo del FOMAG era su subordinado y que debía a nivel nacional incrementar la burocracia, sumamos el hecho de inexistencia no de un tarifario para el magisterio sino de un tarifario único nacional, que regule costos de servicios asociados a la atención en salud de toda la población, tenemos como consecuencia lógica unos resultados operacionales y financieros que amenazan la sostenibilidad de los finitos recursos del Fondo Prestacional del Magisterio.
Desde luego que, de lo denunciado por el presidente sobre el sistema de salud del magisterio, ni el mismo está exento de responsabilidades. De hecho, gran parte de la explicación de lo que hoy acontece se ubica en las tres flagrantes equivocaciones que ha tenido Petro en la elección de Ministro de Educación y en la inestabilidad y constante rotación e improvisación en los viceministros de ese despacho. Y es que sin conocimiento y continuidad de procesos del ente que debe regentar el FOMAG es extremadamente difícil que este opere y responda adecuadamente como debería hacerlo.
Debe entenderse incluso desde FECODE que no es con proclamas conservadoras y anti- dialécticas como las esbozadas por su anacrónico presidente, sino con eficiencia e imaginación como puede protegerse al FOMAG.
Fiduprevisora, como un ente caótico, burocratizado, inoperante y con resultados que amenazan la sostenibilidad financiera y los recursos del FOMAG, y consecuentemente las pensiones y cesantías de los maestros no es defendible.
Insistimos en que, en materia de salud por lo menos, deberíamos estar pensando, más allá del negocio, como con los mismos recursos con los que los privados levantan IPS, el magisterio construye infraestructura e instituciones prestadores de su propiedad (activos) en cada uno de los municipios donde haya docentes, para no mencionar que el gobierno debería, sin abandonarlo, robustecer el esquema de atención en salud centrado en los departamentos y, en consonancia con la constitución de 1991, avanzar hacia la construcción de hospitales de alta complejidad en cada uno de las capitales de departamento (municipio).
