Lucy Marcela Laborde, fiscal tercera especializada de la Dirección contra el Lavado de Activos, envió una carta formal a la fiscal general Luz Adriana Camargo y al vicefiscal Gilberto Javier Guerrero, en la que manifiesta su preocupación por lo que considera presiones e irregularidades dentro de la investigación que adelanta contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro.
Principales señalamientos
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Fiscal de apoyo asignada sin solicitud
Laborde señala que fue nombrada María Isabel Ramírez como fiscal de apoyo mediante la Resolución 33 del 8 de septiembre de 2025, una designación que habría sido hecha sin que ella la solicitara, y que “carece de sustento legal y administrativo”. -
Reuniones “intempestivas” con falta de claridad
La fiscal denunció que la Fiscalía la convocó a reuniones sorpresivas los días recientes, en particular una el 18 de septiembre con la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dirección Especializada Contra la Corrupción, sin agenda previa y solicitándole información detallada del proceso en curso. Según Laborde, en estas reuniones se trataron aspectos ajenos al alcance de su despacho, lo que genera “incertidumbre sobre el objetivo de tales reuniones”. -
Ocultamiento de solicitudes de la defensa
Otro punto que denuncia Laborde es que algunas solicitudes presentadas por la defensa de Nicolás Petro no han sido trasladadas apropiadamente a su despacho, sino que han sido respondidas por otras instancias de la Fiscalía, lo que, para ella, puede constituir una violación del derecho de contradicción y defensa. -
Autonomía e independencia en riesgo
Laborde argumenta que estas decisiones recientes —la fiscal de apoyo impuesta, las reuniones sorpresivas y la falta de claridad en los procedimientos— “afectan mi autonomía e independencia como fiscal natural del caso”, derechos que, según ella, están garantizados por la Constitución, la ley y la jurisprudencia.
Contexto y próximos pasos
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Nicolás Petro enfrenta investigaciones por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, y recientemente por nuevos delitos como tráfico de influencias y falsedad en documento.
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Se prevé que el 1 de octubre de 2025 se llevará a cabo una nueva audiencia de imputación.
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Laborde solicita a la fiscal general y al vicefiscal que respondan sobre la intención de las últimas decisiones organizativas, cómo se garantiza el debido proceso, y que se restablezca la claridad institucional requerida para llevar adelante el caso.
Hasta la publicación de esta noticia, no se ha conocido un pronunciamiento oficial de la fiscal general Luz Adriana Camargo sobre las denuncias de Laborde.
Este episodio intensifica el debate sobre la independencia funcional de los fiscales en casos de alto perfil, sobre todo aquellos que involucran a personas cercanas al poder político.
La carta de Laborde pone en evidencia tensiones internas en la Fiscalía General, especialmente en torno al manejo de uno de los casos más mediáticos del país. Las denuncias se centran en posibles vulneraciones de los principios fundamentales del proceso penal: imparcialidad, autonomía del fiscal titular, transparencia y la garantía del derecho de defensa. El cómo responda la Fiscalía ahora determinará, en gran parte, la percepción pública sobre la institucionalidad del ente acusador en Colombia.
