Barranquilla ha hablado claro: no está dispuesta a ceder ni un metro de su territorio. Y lo hace con la legitimidad que le otorgan la historia, la ley y la voluntad de su gente.
La reciente decisión del Consejo de Estado —que anuló la Ordenanza 075 de 2010 por haber sido expedida por una entidad sin competencia para fijar límites territoriales— no solo desactiva un error jurídico, sino que abre la puerta para saldar una deuda histórica con la ciudad.
El mensaje del Distrito es firme: el proceso de deslinde no será un simple trámite administrativo. Es, más bien, una oportunidad para restituir un trazado territorial que ha sido desconocido injustamente durante años.
Desde mayo de 2025, Barranquilla ha participado de manera activa en la operación de deslinde liderada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), respaldando su posición con fundamentos históricos, técnicos y legales. En el corazón de su argumentación está el informe elaborado por el mismo IGAC entre 2005 y 2009, producto de años de trabajo de campo, análisis normativo y cartografía especializada. Ese documento, sin ambigüedades, respalda la posición del Distrito.
Pero más allá de los mapas y las leyes, está la gente. Miles de ciudadanos que hoy viven en una zona en disputa, esperando claridad jurídica, acceso a servicios y un reconocimiento institucional que les ha sido negado por años. “Nuestros ciudadanos claman una estabilidad territorial que les permita el acceso equitativo a los servicios”, señala con contundencia la Alcaldía.
Lo que sigue ahora es una etapa clave: la firma de un acta donde se recojan las pretensiones de Barranquilla y Puerto Colombia, seguida por la sustentación formal ante el IGAC, y finalmente, la decisión del Congreso de la República, que tendrá un año para definir —por ley— los límites oficiales.
Mientras eso sucede, el Distrito seguirá firme en su propósito: que la cartografía nacional refleje lo que la historia ha dejado claro y la legalidad respalda. Que Barranquilla conserve lo que por derecho le pertenece.
Porque en esta causa no hay espacio para ambigüedades. Como lo ha expresado el gobierno distrital, se trata de una defensa legítima de la soberanía territorial y la dignidad de su gente.
Barranquilla no se rinde. Barranquilla no retrocede. Barranquilla defiende lo suyo.
