La Contraloría General de la República señaló que la Nueva EPS mantiene anticipos pendientes de legalizar por $15,3 billones, incumple la normatividad vigente y presenta fallas graves en la trazabilidad de los recursos del sistema de salud.
La Contraloría General de la República (CGR) volvió a encender las alarmas sobre la gestión de la Nueva EPS, al reiterar este martes que la entidad acumula anticipos pendientes de legalizar por $15,3 billones, con corte al 30 de junio de 2025.
El organismo de control indicó que ha identificado limitaciones graves en la calidad y seguridad de la información financiera de la EPS más grande del país, lo que impide garantizar la trazabilidad y consistencia de los recursos del sistema de salud. Estas deficiencias, según la CGR, son recurrentes en el sector y dificultan conocer a detalle el uso de los dineros públicos.
Dentro de las irregularidades detectadas, la Contraloría enumeró varios hallazgos:
- Incumplimiento del Decreto 441 de 2022, que regula la contratación en salud, debido a la ausencia de notas técnicas, soportes documentales, modalidades de pago claras e identificación de la población objetivo. Esta situación fomenta la opacidad y genera riesgos de doble pago y desvío de recursos.
- La Nueva EPS giró anticipos a las IPS entre 2022 y 2025 bajo la modalidad de “pago por evento”, pese a que la norma exige que los giros se realicen después de la prestación de los servicios.
- Se constató que, en contravía del Decreto 780 de 2016, la entidad no realizó auditorías a las cuentas médicas de las IPS que recibieron anticipos. Esto explica por qué persisten $15,3 billones sin legalizar.
- La falta de gestión oportuna pudo haber impedido la devolución de recursos no ejecutados por las IPS, que debieron reintegrarse al sistema.
- Se evidenció la ausencia de auditoría en 13,7 millones de facturas, equivalentes a $13,2 billones, lo que deja en firme glosas que debieron ser reclamadas y pagadas por la Nueva EPS, representando un riesgo cierto de pérdida para el Estado.
- Finalmente, la CGR encontró inconsistencias en la información reportada entre las fuentes oficiales como la ADRES y los datos entregados por la propia EPS, lo que agrava la falta de transparencia.
Ante este panorama, la Contraloría informó que continuará con las acciones de vigilancia y control fiscal, y que la Delegada de Salud adelantará las actuaciones necesarias para establecer responsabilidades fiscales. Además, no descarta acudir a las facultades de policía judicial si se requiere profundizar en la investigación.
Con estas observaciones, el ente de control reiteró que su objetivo es salvaguardar los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), advirtiendo que las fallas detectadas en la Nueva EPS ponen en riesgo la sostenibilidad financiera y la atención de millones de usuarios en Colombia.
Y.A.
