La infraestructura portuaria de Barranquilla enfrenta una nueva amenaza.
La socavación registrada en el tajamar occidental de Bocas de Ceniza durante el fin de semana ha encendido las alarmas entre autoridades locales y nacionales. La situación, generada por el deterioro progresivo de la estructura, compromete la seguridad de la navegación y la estabilidad de uno de los puntos clave para el comercio marítimo del país.
Álvaro Redondo, director de la Corporación Autónoma Regional del Río Magdalena (Cormagdalena), estima que los trabajos de refacción requerirán una inversión cercana a los $130 mil millones, recursos con los que actualmente no cuenta la entidad.
Un deterioro anunciado
La emergencia no tomó por sorpresa a la administración distrital. Desde el pasado 12 de junio, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, había enviado una comunicación oficial a Cormagdalena, advirtiendo sobre el desgaste progresivo de los tajamares a causa de la erosión, las condiciones climáticas y el paso del tiempo.
En la misiva, el mandatario señaló que esta situación exigía intervenciones técnicas especializadas y sostenibles, antes de que se registraran daños estructurales como los que hoy se evidencian.
Propuesta de articulación institucional
Consciente de la magnitud del problema, el alcalde Char ofreció apoyo logístico y financiero a Cormagdalena para enfrentar de forma conjunta esta crisis. Además, propuso la creación de una Mesa Técnica de Articulación, concebida como un espacio permanente de coordinación entre entidades técnicas y gubernamentales.
“Consideramos que la suma de nuestras competencias, recursos y conocimientos puede generar un impacto territorial que trascienda la simple recuperación de infraestructura”, expresó Char, al referirse a la importancia de un trabajo articulado que también promueva la sostenibilidad ambiental y la resiliencia de las obras marítimas.
Riesgos para el puerto y la economía regional
El tajamar occidental cumple una función clave en la protección del canal de acceso al puerto de Barranquilla. Su deterioro no solo amenaza con interrumpir la operación portuaria, sino que también podría generar consecuencias económicas graves para la ciudad y la región Caribe, que dependen en gran medida del movimiento comercial por esta vía.
Por ahora, se espera que las autoridades definan un plan de acción conjunto, con cronogramas claros y estrategias de intervención que permitan evitar un daño mayor. La prioridad es garantizar la seguridad en la navegación y proteger una infraestructura vital para el desarrollo regional.
