La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico abrió una investigación formal contra la Juez Primera de Ejecución de Penas, tras cuestionamientos a la libertad otorgada al contratista Emilio Tapia, condenado por el escándalo de Centros Poblados.
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico abrió una investigación formal contra la Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla, quien el pasado 11 de abril otorgó la libertad condicional a Emilio Tapia, condenado a seis años y cuatro meses de prisión tras un preacuerdo con la Fiscalía por el escándalo de Centros Poblados.
La decisión judicial generó de inmediato reacciones. La Procuraduría General de la Nación apeló el fallo al considerar que “no se cumplieron los presupuestos necesarios para el otorgamiento de la medida”, citando normas como el artículo 64 del Código Penal, el artículo 150 del Código Penitenciario y Carcelario, el artículo 267 de la Constitución y el artículo 36 de la Ley 190 de 1995, que exige a las entidades públicas afectadas constituirse en parte civil dentro del proceso.
De acuerdo con la Comisión Disciplinaria, en mayo se inició una indagación preliminar y, tras la recopilación de información, este 17 de septiembre se ordenó abrir investigación formal “tanto por las circunstancias que rodearon la medida de libertad condicional, como por una presunta mora en la concesión del recurso de apelación presentado por el Ministerio Público”.
El organismo recordó que Emilio Tapia fue señalado como el “cerebro” de la maniobra que, mediante la entrega de falsas garantías bancarias por parte de la Unión Temporal Centros Poblados, facilitó un anticipo de 70 mil millones de pesos. Dichos recursos, posteriormente, “se extraviaron” y formaban parte del contrato con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) para llevar conectividad a poblaciones rurales vulnerables.
Hasta antes de su libertad, Tapia permanecía recluido en la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla. Sin embargo, con la decisión de la jueza, abandonó el centro de reclusión en medio de críticas y nuevas alertas sobre los alcances de la corrupción en uno de los casos más sonados de los últimos años.
Y.A.
