En plena carrera electoral, el nombre de Abelardo De la Espriella vuelve a encender la polémica. Esta vez no por una de sus habituales intervenciones mediáticas o por su perfil provocador, sino por las graves acusaciones lanzadas desde lo más alto del poder: el presidente Gustavo Petro lo señaló públicamente de haber tenido nexos con estructuras paramilitares en Córdoba y de manejar recursos vinculados al narcotráfico.
“El país debe conocer el papel de De la Espriella en el paramilitarismo”, dijo Petro sin rodeos. Las palabras del presidente desataron un huracán político, y no tardaron en provocar una respuesta del precandidato, quien negó de manera tajante cualquier vínculo con grupos ilegales y calificó las acusaciones como una estrategia de persecución política.
La controversia actual revive viejos fantasmas. A comienzos de los años 2000, De la Espriella fue uno de los rostros visibles de FIPAZ, una fundación que actuó como acompañante civil en los diálogos entre el Gobierno colombiano y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Santa Fe de Ralito. Aunque su participación estuvo avalada por el Gobierno de la época, su cercanía con algunos actores del proceso ha sido duramente criticada desde entonces.
El jurista insiste en que su rol fue el de mediador civil por la paz. Sus detractores, sin embargo, ven en su participación una señal de afinidad ideológica y política con sectores ligados al paramilitarismo.
“Montajes desmontados”
En su defensa, De la Espriella recordó que ya fue investigado por concierto para delinquir y lavado de activos, pero que esas causas fueron precluidas por la Fiscalía. “Nunca he tenido vínculos con grupos ilegales. Lo que hay son montajes que ya fueron desmontados por la justicia”, dijo en un comunicado oficial.
También anunció que emprenderá acciones legales contra el presidente Petro por difamación, asegurando que se trata de un intento por deslegitimar su precandidatura presidencial en medio de un ambiente cada vez más polarizado.
Hasta hoy, no existe una condena judicial en contra de De la Espriella que lo vincule formalmente con el paramilitarismo. Sin embargo, las acusaciones levantan una pregunta que persiste en la memoria colectiva del país: ¿puede una figura pública —que ha transitado entre el derecho, la política y la opinión— desligarse por completo de los pactos oscuros que marcaron una etapa sangrienta de la historia reciente?
Para algunos, Petro está cumpliendo su promesa de “decir lo que nadie se atrevía a decir”. Para otros, es un golpe político con fines estratégicos. Lo cierto es que, en un país donde la verdad suele estar atrapada entre la justicia, la narrativa y la conveniencia política, esta historia está lejos de llegar a su capítulo final.
