Un presupuesto anual de 4.5 billones de pesos, asignado a la reparación de más de diez millones de víctimas del conflicto armado en Colombia, está bajo escrutinio por presuntos actos de corrupción y clientelismo.
Según una investigación de la revista Semana, la Unidad para las Víctimas, entidad fundamental en la atención a quienes han sufrido la violencia, habría sido entregada por el gobierno de Gustavo Petro a un clan político de Santander liderado por el senador Gustavo Adolfo Moreno Hurtado.
Las denuncias señalan que esta ‘captura’ política ha puesto en riesgo la transparencia y la eficacia en el uso de los recursos públicos, en un contexto donde la promesa oficial era la “cero tolerancia” frente a la corrupción.
La consolidación del control político sobre la Unidad para las Víctimas se remontaría a 2024, cuando la presunta influencia del senador Moreno, aliado del Gobierno en el Congreso, se hizo evidente a través de nombramientos estratégicos.
El punto de inflexión llegó en junio de 2025, con la designación de Adith Rafael Romero Polanco como director general de la entidad. Romero Polanco, exescolta y exsecretario de Gobierno en Barrancabermeja durante la administración de Alfonso Eljach Manrique, mentor político de Moreno, no tenía experiencia en el sector, pero su llegada habría marcado el inicio de una serie de nombramientos de funcionarios vinculados al clan santandereano.
De los 42 cargos directivos de la Unidad, 22 están directamente ligados al senador Moreno, y 19 de ellos provienen de Santander, según datos recogidos por Semana.
Entre los beneficiados figuran financiadores de la campaña de Moreno al Senado en 2022, como Luis Gabriel Taboada Castro, quien ocupa la jefatura de planeación y la dirección territorial de Urabá; y Francisco Yesid Triana Castillo, responsable de tres direcciones y aportante económico al proyecto político del congresista.
Otros funcionarios, como Carlos Arturo Vásquez Aldana y Alix Aguilar Tirado, también tienen antecedentes en la administración local de Barrancabermeja o en municipios de la región. Además, el exalcalde de Lebrija Luis Carlos Ayala Rueda fue nombrado subdirector de reparación individual.
La asignación de recursos y cargos clave a intereses políticos pone en entredicho la capacidad institucional para responder a quienes sufrieron la violencia, mientras persisten prácticas opacas y baja ejecución presupuestal – crédito Unidad para las Víctimas.
La controversia se agrava con la presencia de Fredy Orlando Quintero Mogollón, designado subdirector de la Unidad, pese a estar investigado por la Fiscalía como presunto integrante de redes de apoyo al terrorismo del ELN durante su periodo como alcalde de Chitagá (Norte de Santander).
Según el ente acusador, Quintero Mogollón habría financiado actividades ilícitas y auspiciado delitos graves en varios municipios de la región.
