El exgobernador del Magdalena, Rafael Martínez, denunció que la omisión de la actual administración de Santa Marta legitima el accionar de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), grupo que difunde videos de humillación pública contra supuestos infractores.
El exgobernador del Magdalena y dirigente de Fuerza Ciudadana, Rafael Martínez, lanzó fuertes críticas contra la actual administración de Santa Marta, a la que acusó de legitimar por omisión el accionar de grupos criminales que hoy ejercen control social en la ciudad.
En su cuenta de X, Martínez señaló que durante los gobiernos de su movimiento político se insistió en que la presencia del Estado, con inversión en infraestructura y programas sociales, es fundamental para garantizar la seguridad ciudadana y reducir las brechas sociales generadas por las élites. “Gobernar con este enfoque garantiza restarle espacios de acción y reclutamiento a las organizaciones ilegales en nuestras comunidades”, escribió.
Sin embargo, advirtió que “no pasa así ahora en Santa Marta; donde prácticamente la actual administración ha terminado legalizando y legitimando, por física omisión, el accionar de estas organizaciones criminales”.
En los gobiernos de @fzciudadana , tanto en el Distrito de Santa Marta como en el Departamenro del Magdalena, hemos insistido en que la presencia del Estado, con inversion en infraestructura y programas sociales, es fundamental para propiciar la seguridad ciudadana y reducir las… pic.twitter.com/4SeKsAMBSq
— Rafael Martínez (@mrafael70) September 19, 2025
El pronunciamiento de Martínez se da en medio de la polémica por la proliferación de videos difundidos por las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), en los que hombres y mujeres son obligados a confesar delitos, pedir disculpas públicas y asumir labores sociales como barrer calles o limpiar parques, bajo amenaza de muerte.
La práctica, que ha sido calificada por defensores de derechos humanos como un “teatro de poder”, busca enviar un mensaje de control: los infractores sobreviven solo gracias a la “generosidad” del grupo armado, pero con el recordatorio de que reincidir implica la ejecución inmediata.
El problema no solo radica en la humillación pública de los implicados, sino en la normalización de esta justicia paralela. Para el defensor de derechos humanos Lerber Dimas, lo más grave es el silencio oficial: “Si no se toman acciones por parte de las autoridades, próximamente veremos a las ACSN como reguladores del tráfico. No hay dudas de que la gobernanza criminal está coadministrando la ciudad”.
Martínez fue aún más allá al asegurar que quienes hoy gobiernan en Santa Marta son “herederos de los reseñados en los ‘Jinetes de la Coca’ y de quienes para gobernar y enriquecerse terminaron asociándose con los otrora criminales que tenían sometida a la ciudad”.
La crítica del exgobernador se suma a la preocupación de líderes comunitarios y expertos en seguridad, quienes advierten que la ausencia de un Estado activo en barrios y sectores vulnerables abre la puerta para que actores ilegales suplanten a las autoridades, imponiendo una “ley del miedo” que combina castigo, humillación y pretensiones de legitimidad social.
Mientras tanto, en redes sociales la discusión sigue dividida: algunos celebran que “alguien ponga orden” ante el aumento de hurtos y riñas, mientras otros rechazan que la justicia se convierta en un espectáculo criminal que erosiona la confianza en las instituciones.
El silencio de la Policía y la Fiscalía, que no han anunciado investigaciones contundentes frente a esta modalidad, alimenta la percepción de que Santa Marta transita peligrosamente hacia una gobernanza criminal, como lo resumió un líder comunitario: “La ciudad ya no sabe si obedecer al Estado o a los grupos armados”.
Y.A.
