La Fiscalía General de la Nación fue señalada por una juez de abandonar el proceso contra José Manuel Vera Sulbarán, alias ‘Satanás’, cabecilla del Tren de Aragua, generando retrasos en más de 100 audiencias y dejando en vilo procesos de alto impacto en las próximas elecciones y en la lucha contra la criminalidad organizada.
Por: Redacción Digital.
DIARIO LA LIBERTAD.
La justicia colombiana enfrenta un nuevo episodio de cuestionamientos tras la contundente denuncia de la juez primera especializada de Bogotá, quien aseguró que la Fiscalía General de la Nación “abandonó a su suerte” el proceso contra José Manuel Vera Sulbarán, alias ‘Satanás’, uno de los líderes más sanguinarios del Tren de Aragua. Según la magistrada, desde febrero de este año se han dejado de realizar alrededor de 100 audiencias por responsabilidad directa del ente acusador.
El señalamiento no solo implica el riesgo de que el caso prescriba, sino que además compromete la credibilidad de la institución encargada de investigar y acusar delitos, tal como lo ordena el artículo 250 de la Constitución. En este caso, la omisión se traduce en un golpe letal a la confianza ciudadana en la justicia y en un terreno fértil para la impunidad.
La magnitud del personaje: alias ‘Satanás’
El nombre de José Manuel Vera Sulbarán resuena con fuerza en la historia reciente del crimen organizado en Colombia. Pasó de ser un “ladronzuelo” en las calles a convertirse en un capo con poder sobre estructuras que impusieron el terror en Bogotá: extorsiones sistemáticas, descuartizados y embolsados en las calles, homicidios selectivos y desplazamiento forzado.
Alias ‘Satanás’ lideraba una facción del Tren de Aragua y la banda Los Satanás, responsables de sembrar el miedo en barrios enteros de la capital. Actualmente, se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de La Tramacúa, en Valledupar, mientras enfrenta un proceso por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, extorsión, desplazamiento forzado y tráfico de armas.
Sin embargo, su proceso judicial, que debería ser un símbolo de la ofensiva del Estado contra el crimen transnacional, lleva más de un año y medio estancado.
Un proceso a la deriva
El fiscal 11 especializado de Bogotá, David Ernesto Vega Rincón, es señalado de ser el principal responsable de los retrasos. A pesar de estar formalmente asignado al caso desde julio, no se presentó a múltiples audiencias. Para agravar la situación, en agosto se le concedieron vacaciones sin que la Fiscalía nombrara un reemplazo, dejando el despacho sin dirección alguna durante semanas críticas.
La juez primera especializada de Bogotá fue clara: “Llevamos más de 100 audiencias que no se han podido realizar este año por causa atribuible a la Fiscalía 11 Especializada. Esto afecta los plazos, los términos de prescripción y, sobre todo, los derechos de las víctimas a una justicia pronta”.
Este abandono no se limita al caso de alias ‘Satanás’. También se han visto afectados otros procesos de alto impacto nacional que estaban bajo responsabilidad del mismo despacho, generando el riesgo de que delitos graves queden sin sanción.
El silencio institucional
Lo más grave de la denuncia es el silencio de las cabezas de la Fiscalía General de la Nación. La juez asegura haber enviado comunicaciones a la fiscal general Luz Adriana Camargo, al vicefiscal Gilberto Javier Guerrero, a la directora de Seguridad Territorial Deicy Jaramillo y al director seccional de Bogotá, Javier Paba, sin recibir respuesta.
Incluso la Procuraduría, que intentó mediar, tampoco obtuvo respuestas satisfactorias. El desinterés institucional, sumado a la falta de control administrativo, ha generado un vacío que compromete no solo el caso de alias ‘Satanás’, sino la capacidad del Estado para enfrentar estructuras del crimen organizado transnacional.
El riesgo de la impunidad
La juez fue enfática en advertir que las omisiones de la Fiscalía no solo vulneran el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia, sino también el de los acusados a tener un juicio dentro de un plazo razonable. Si los términos se vencen, el proceso puede quedar en la nada, abriendo la puerta a la excarcelación de peligrosos criminales.
Este escenario es especialmente preocupante porque alias ‘Satanás’ no es un delincuente común: representa la consolidación del Tren de Aragua en Colombia, una organización que ha extendido sus tentáculos desde Venezuela hasta varios países de la región.
La falta de acción de la Fiscalía, lejos de ser un simple error administrativo, pone en jaque la lucha contra una de las redes criminales más peligrosas de América Latina.
Disciplina y control en entredicho
Ante el abandono, la juez compulsó copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial para que investigue las conductas del fiscal Vega Rincón y del director seccional de Bogotá, Javier Paba. También pidió a la Procuraduría insistir ante la Fiscalía para que asigne un funcionario que realmente impulse el caso.
El mensaje de la juez fue directo: “Seguiré tocando puertas, pero si la Fiscalía no actúa, lo único que hacemos es entorpecer la justicia. Las víctimas no pueden esperar diez años para conocer una verdad que se diluye en el tiempo”.
La “ñapa”: corrupción en prisión
Mientras el proceso judicial se hunde en la inacción, otro escándalo rodea a alias ‘Satanás’. El INPEC abrió una investigación disciplinaria contra guardianes de La Tramacúa por presuntamente permitirle una visita íntima irregular, a cambio de pagos y favores dentro de la cárcel. El episodio, ocurrido el 7 de septiembre, revela los niveles de corrupción que facilitan privilegios a criminales de alto perfil.
Este hecho agrava la percepción de que el Estado no tiene control efectivo sobre criminales de alto rango y refuerza la necesidad de medidas urgentes en materia de seguridad penitenciaria.
La lección pendiente del caso ‘Satanás’
El caso de alias ‘Satanás’ es mucho más que un proceso judicial retrasado: es un espejo de las profundas falencias del sistema judicial colombiano. La Fiscalía, llamada a ser garante de la justicia, aparece como un actor que favorece, por omisión, la impunidad.
Si la justicia no logra avanzar en este expediente emblemático, ¿qué puede esperar la ciudadanía frente a miles de casos menos mediáticos? La respuesta, por ahora, es inquietante: un sistema que parece claudicar frente a la criminalidad organizada.
En un país que se prepara para nuevas elecciones y que necesita instituciones sólidas, el mensaje que deja la Fiscalía es alarmante: la justicia puede fallar cuando más se la necesita.
Y.A.
