Más allá de lo positivo que resultó el proceso de paz, con la negociación de las Farc y los pasos que se dieron para su total reintegración a la vida civil, cabe preguntarse cuál ha sido el papel que ha desempeñado el Estado para hacer sentir su presencia en esas regiones apartadas y olvidadas de la geografía nacional.
No debe olvidarse que muchos analistas de la situación que ha padecido el país, consideran que una de las razones del surgimiento de los grupos armados fue el abandono y la ausencia del Gobierno central en esas zonas, necesitadas de servicios, apoyo y asesoramiento para subsistir.
Esa triste y lamentable experiencia no debe ser repetida por el actual y futuros gobiernos. A la par que se han logrado recuperar esas vastas regiones, así sea por voluntad de los actores violentos, debe iniciarse un plan que comprenda la ayuda en todos los sentidos a esas poblaciones que allí habitan, para que con inversión y programas sociales y productivos, se reoriente un proyecto hacia el dinamismo y la reivindicación de esos compatriotas.
Dejar ese espacio nuevamente abonado para que nuevos grupos con intereses diversos a los legales se apodere de él y extienda sus tentáculos de criminalidad y violencia, equivale a no haber hecho nada a favor de la paz en Colombia. No debe olvidarse que la paz se construye día a día, pero con acciones que faciliten el progreso, el bienestar y el desarrollo social y económico de una comunidad.
El llamado al Gobierno Nacional va dirigido de manera concreta, para que esas zonas como Nariño, Cauca, Chocó, Sur de Antioquia, Putumayo, entre otras, sean hoy centro de su atención y sobre todo de una planificada inversión que permita brindarle un aire a la ciudadanía allí asentada, para que se conviertan en polos de desarrollo para el país.
Sabido es que en la actualidad existen también organizaciones al margen de la ley que están extendiendo su campo de acción, especialmente en estas regiones, por esa misma circunstancia es que la fuerza del Estado debe entrar a cubrir el territorio, para garantizar con su presencia la seguridad y el orden que hoy están reclamando con urgencia su habitantes. La autoridad hay que ejercerla y por ello la exigencia de estas comunidades la compartimos a plenitud.
Es ahora, en esta etapa cuando el Gobierno Nacional tiene que actuar con decisión y prontitud. Lo cierto es que al pasar los días nuevos desplazamientos se están produciendo desde esas zonas, más combates y ataques a la población se vienen realizando, y con ello el temor se acrecienta facilitando así el despliegue de los violentos, ante la incomprensible postura de un Estado que está cerca de cometer el mismo error de hace más de cincuenta años.
