El ente de control instó a la Gobernación e Inpec a firmar un convenio que permita mejorar la atención, seguridad y condiciones de los privados de la libertad en el archipiélago.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) encendió las alarmas frente a la crítica situación de los privados de la libertad en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. A través de la Procuraduría Regional, el ente de control conminó a la Gobernación y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a firmar de manera urgente un convenio interadministrativo que garantice atención adecuada, seguridad y condiciones de vida dignas para esta población.
El pronunciamiento surge tras constatar que los internos “permanecen en espacios inadecuados, carecen de servicios básicos mínimos y presentan problemas psicológicos que evidencian una situación que pone en riesgo su vida e integridad”, según señaló la entidad.
La PGN advirtió que la actual precariedad no solo vulnera los derechos humanos, sino que también configura una falta grave de responsabilidad institucional. En palabras del Ministerio Público: “Garantizar condiciones dignas a las personas privadas de la libertad es una obligación legal inaplazable y la omisión en la protección de los derechos humanos de esta población puede generar sanciones disciplinarias, fiscales y penales para los funcionarios responsables”.
El llamado incluye no solo la mejora de la infraestructura carcelaria, sino también la implementación de programas de atención médica, apoyo psicológico y acceso a servicios básicos. La falta de estos elementos, recalca la Procuraduría, perpetúa un estado de vulnerabilidad que incrementa riesgos de violencia, deterioro en la salud y violación sistemática de derechos fundamentales.
En el archipiélago, la situación carcelaria ha sido objeto de múltiples denuncias en los últimos años. La condición de insularidad dificulta el traslado de recursos, personal capacitado y equipos médicos, lo que genera una crisis estructural que se refleja en hacinamiento, deficiencia alimentaria y ausencia de programas de resocialización.
La Procuraduría también recordó que el Estado tiene el deber de garantizar que las penas privativas de la libertad no se conviertan en un castigo adicional, más allá de la restricción de movilidad. “Los privados de la libertad no pierden su dignidad humana y el país está obligado a respetar su integridad física y mental”, enfatizó la entidad.
Este llamado adquiere mayor relevancia en un contexto nacional donde las condiciones carcelarias han sido reiteradamente cuestionadas por organismos internacionales. En 2025, Colombia continúa enfrentando múltiples pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la necesidad de superar los estándares de precariedad y hacinamiento que persisten en gran parte del sistema penitenciario.
La Procuraduría alertó que si la Gobernación de San Andrés y el Inpec no actúan con celeridad, podrían enfrentarse a procesos disciplinarios y sanciones por negligencia en la protección de los derechos fundamentales de las personas recluidas.
Con este pronunciamiento, la PGN busca acelerar un proceso que ha sido postergado por años: la adecuación de centros de reclusión que garanticen condiciones dignas en un territorio donde la geografía insular no puede seguir siendo excusa para la violación de derechos humanos.
Y.A.
