“Se quieren soplar $5 mil millones”: fuertes acusaciones en el Concejo de Santa Marta

Dos concejales encendieron las alarmas sobre un contrato de más de $5.000 millones, que estaría vinculado a familiares del presidente del Concejo de Santa Marta. Las denuncias advierten presunto enriquecimiento irregular y la falta de acción de los órganos de control.

El Concejo de Santa Marta se convirtió en epicentro de una fuerte polémica tras las denuncias de dos cabildantes sobre un contrato por más de $5.000 millones, destinado a un programa de lectura rápida en un colegio de la ciudad.

Lo que despierta sospechas es que la institución beneficiada estaría bajo la administración del consuegro de Pedro Gómez, presidente del Concejo, lo que plantea un presunto conflicto de interés.

El concejal Wiston Vargas solicitó de manera urgente un control político para esclarecer los alcances del contrato y verificar su ejecución.

Más contundente fue el concejal conocido como El Mono Martínez, quien lanzó acusaciones directas sobre la presunta corrupción. “Ese dinero es para robárselo, soplárselo en dos meses”, denunció en pleno debate, cuestionando la transparencia de la contratación.

En sus declaraciones, Martínez utilizó una dura metáfora para describir la situación: “Santa Marta es una perra a la que se les pegan las garrapatas y nadie hace nada”, en alusión a la aparente inacción de los órganos de control frente a casos de posible desvío de recursos.

Las afirmaciones generaron indignación entre sectores de la ciudadanía, que a través de redes sociales han exigido a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República actuar con celeridad para esclarecer el destino de los dineros. Incluso algunos han pedido la intervención del presidente Gustavo Petro, reclamando mayor vigilancia sobre la contratación pública en la capital del Magdalena.

El escándalo abre un nuevo capítulo en la relación entre política y contratación en la ciudad, donde voces críticas advierten que los recursos destinados a la educación podrían estar siendo utilizados para fines ajenos al bienestar de los niños y jóvenes.

Y.A.