Las acusaciones lanzadas por la representante a la Cámara Sandra Ramírez contra Patricia Caicedo, asesora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en la región Caribe, han desatado un enfrentamiento político que cada vez toma mayor fuerza en el Magdalena.
La acusación de que Caicedo estaría exigiendo apoyo político a cambio de adjudicar tierras a campesinos ha sido rechazada por la misma Asesora, quien considera que los ataques provienen de un interés personal y político detrás de la figura de Ramírez.
Patricia Caicedo ha calificado de «infundadas» las acusaciones y ha señalado que estas responden a una venganza política. Según Caicedo, las denuncias de Ramírez son un intento por desacreditar su trabajo, especialmente después de que la ANT recuperara predios baldíos que, según ella, estaban siendo utilizados ilegalmente por el padre de la misma Ramírez.
«Es preocupante que una representante de la Cámara, en lugar de contribuir al bienestar de los campesinos y al fortalecimiento de los procesos de restitución de tierras, se dedique a lanzar acusaciones sin pruebas ni fundamentos. Esto solo demuestra la falta de respeto hacia las instituciones y el trabajo que realizamos con transparencia», afirmó Caicedo.
Las acusaciones de Ramírez también están siendo vistas como una estrategia de distracción para desviar la atención de los temas verdaderamente relevantes, como la defensa de los derechos de los campesinos y la restauración de la legalidad en la adjudicación de tierras. Además, se ha señalado que Ramírez ha estado utilizando su posición política para presionar en su favor en otros procesos relacionados con tierras, lo que pone en tela de juicio su ética y compromiso con los intereses de la comunidad.
«Sandra Ramírez debería explicar por qué no se ha interesado en las denuncias sobre el uso ilegal de tierras por parte de su propio entorno. Es fácil lanzar acusaciones sin base, pero lo que realmente debe hacer es apoyar los procesos que benefician a los más necesitados,» concluyó Caicedo.
A medida que avanzan las investigaciones, el enfrentamiento político se intensifica, y la opinión pública está tomando nota de los intereses y tácticas detrás de las denuncias de Ramírez, que más parecen un intento de distraer la atención de los verdaderos problemas que afectan al departamento del Magdalena.
