La Sala de Casación Penal envió un concepto crítico a la Cámara de Representantes sobre el proyecto del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, alertando sobre vacíos fiscales, jurídicos y de garantías a víctimas.
El debate sobre la Ley de Sometimiento que radicó el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, sumó un nuevo capítulo con el pronunciamiento de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal envió a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes un concepto en el que advierte nueve irregularidades en el proyecto, cuyo objetivo es ofrecer tratamientos penales diferenciados a grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML) y a estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto (EAOCAI), a cambio de colaboración con la justicia y reparación a las víctimas.
La presidenta de la Sala Penal, Myriam Ávila Roldán, explicó que la iniciativa carece de una deliberación pública robusta y no contempla de manera suficiente la participación de las víctimas para garantizar su derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición.
Otro de los puntos críticos es la ausencia de un análisis fiscal y de costos penitenciarios. Según la Corte, el proyecto impone grandes cargas a la rama judicial y al sistema carcelario sin precisar recursos, metodología de implementación ni financiamiento para la creación de centros especiales de reclusión.
La Corte también reprochó que el articulado no incluya mecanismos de verificación del cumplimiento de medidas restaurativas ni parámetros claros para las reparaciones colectivas, a diferencia de lo establecido en procesos como Justicia y Paz o la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
En materia constitucional, el alto tribunal advirtió que varias disposiciones deberían tramitarse mediante ley estatutaria y no por vía de ley ordinaria, como lo plantea el Gobierno. Además, rechazó que se otorguen beneficios penales a responsables sin que exista una política sólida de atención y reparación a víctimas, cuya financiación ya presenta déficits, pese a la reforma de la Ley de Víctimas aprobada en 2024.
Otro de los reparos es la inclusión de personas que reincidieron en delitos tras su desmovilización y que fueron excluidas de Justicia y Paz y de la JEP, lo que a juicio de la Corte desconoce la finalidad de la justicia transicional y vulnera la garantía de no repetición.
Finalmente, el tribunal cuestionó que el proyecto contemple beneficios para personas procesadas por hechos relacionados con la protesta social, al considerar que no existe un vínculo objetivo entre estos casos y los destinatarios de la Ley de Sometimiento.
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Con este concepto, la Corte Suprema deja en evidencia las tensiones que enfrenta el Congreso al tramitar una de las apuestas centrales del Gobierno para el desmantelamiento de estructuras criminales, al tiempo que pone sobre la mesa la necesidad de reforzar garantías para las víctimas y blindar el proyecto de posibles inconstitucionalidades.
Y.A.
