Por JAIME VÉLEZ GUERRERO
En la urbe, el fenómeno de la mendicidad forzada y tolerada se ha consolidado como una presencia constante y alarmante en el espacio público. Uno de los factores que ha favorecido su expansión es la inexistencia de una política pública distrital, que articule de manera vinculante los ejes de prevención, protección social y control del orden urbano.
Panorama adquiere niveles de gravedad constitucional cuando se constatan escenas impregnadas en el paisaje cotidiano: niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo limpiando vidrios de automotores, comercializando productos de subsistencia o solicitando dádivas en intersecciones estratégicas como 72, 101–46 o 98–51B. Estos episodios evidencian problemática estructural de carácter sistémico, extendida a toda jurisdicción territorial.
El espacio público, en vez de consolidarse como un ámbito de seguridad ciudadana y goce efectivo de derechos, se ha transformado en un entramado de zonas criminógenas, donde la exclusión social, la explotación económica de menores y la informalidad extrema se entrelazan con dinámicas delictivas. La omisión gubernamental no solo perpetúa la desigualdad material, sino que además menoscaba el derecho a la convivencia pacífica.
El desamparo social en Barranquilla se torna cada vez más compleja y lesiva. Entre quienes sobreviven en las calles se encuentran no solo connacionales, sino también poblaciones indígenas y migrantes en situación irregular, particularmente venezolanos, todos atrapados en un círculo de precariedad y vulneración de derechos fundamentales.
En los semáforos y principales corredores viales de la ciudad es común observar a mujeres jóvenes migrantes, dedicadas a limpiar parabrisas como medio de subsistencia. Lo verdaderamente alarmante es que, empujadas por la necesidad extrema y la ausencia de oportunidades, muchas terminan siendo víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, ofreciendo servicios de sexo oral a precios irrisorios que reflejan la degradación de sus condiciones de vida y la total carencia de protección institucional. Estas prácticas, que suelen involucrar a conductores del transporte colectivo en sectores periféricos particularmente más allá de la calle Murillo, después de la avenida Circunvalar constituyen una muestra dolorosa de la descomposición social.
No puede descartarse que parte de la infancia en situación de calle esté siendo instrumentalizada por estructuras criminales organizadas, lo que elevaría el fenómeno a la categoría de crimen organizado contra la niñez, con implicaciones de responsabilidad penal agravada.
Los cuerpos policiales y las autoridades competentes tienen la obligación constitucional y legal de ofrecer respuestas claras, inmediatas y contundentes, que permitan esclarecer los hechos, proteger a las víctimas y desmantelar las redes criminales que se lucran de la vulnerabilidad infantil. La pasividad o tibieza estatal no solo perpetúa la explotación, sino que constituye una forma de complicidad.
El sector de Buenavista, que fue estandarte de seguridad y tranquilidad en Barranquilla, se ha transformado en un enclave de criminalidad manifiesta, donde deambulan una considerable población en situación de indigencia. Tal circunstancia constituye una alerta temprana, que exige la intervención inmediata, coordinada y estratégica de la Alcaldía Distrital y de los organismos de control. De lo contrario, la zona corre el riesgo de convertirse en un territorio capturado por el accionar criminal, con consecuencias irreversibles para la convivencia ciudadana, el desarrollo urbano sostenible y el turismo seguro.
