La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, se pronunció tras la histórica condena de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al exsecretariado de las FARC, que los obliga a cumplir ocho años de sanciones restaurativas por su responsabilidad en más de 21.000 secuestros.
Marín destacó que la decisión representa un avance contra la impunidad, pues impone la máxima sanción restaurativa prevista en el sistema transicional. Sin embargo, advirtió sobre los retos pendientes: garantizar transparencia en la ejecución de las sanciones, asegurar la protección integral de los derechos de las víctimas, y una supervisión rigurosa para que el carácter restaurativo no quede solo en el discurso.
Análisis jurídico
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Marco legal: La JEP actúa bajo el Acuerdo Final de Paz de 2016, que prioriza la verdad, la reparación y la no repetición.
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Tipo de sanción: Las sanciones restaurativas no implican prisión, sino compromisos como:
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Búsqueda de desaparecidos
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Actos de memoria
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Proyectos ambientales
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Desminado humanitario
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Reparación simbólica
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Derechos de las víctimas: Deben garantizarse de forma plena —participación, verdad y reparación integral— no solo en teoría, sino con mecanismos concretos.
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Desafío constitucional: Lograr un equilibrio entre justicia restaurativa y proporcionalidad del castigo, especialmente frente a delitos atroces como el secuestro.
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No repetición: Exige transformaciones estructurales más allá de la sanción en sí.
Reacciones de las víctimas
Las voces de las víctimas reflejan un panorama mixto:
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Sensación de impunidad: Muchos consideran que ocho años sin cárcel es insuficiente frente al daño causado.
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Falta de verdad plena: Se perciben omisiones y contradicciones en los relatos de los responsables.
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Valor simbólico vs. realidad material: Aunque valoran los actos de memoria, no los ven como sustituto de la reparación económica y el acompañamiento psicosocial.
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Desafíos emocionales: Algunas víctimas afirman que estos procesos reabren heridas sin apoyo suficiente del Estado.
Implicaciones políticas
A corto plazo:
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Polarización: Sectores que apoyan el Acuerdo celebran la sentencia como un paso hacia la paz; la oposición la califica como una concesión excesiva.
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Legitimidad de la JEP: El cumplimiento de las sanciones restaurativas será clave para la confianza ciudadana en la justicia transicional.
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Presión mediática: Aumenta el debate público sobre si la justicia restaurativa satisface o revictimiza a quienes sufrieron el conflicto.
A largo plazo:
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Estabilidad institucional: Un cumplimiento efectivo podría convertir a la JEP en modelo internacional; un fracaso, en una crisis de legitimidad.
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Reconciliación social: El cumplimiento visible de las sanciones puede reconstruir tejido social; el incumplimiento profundizaría la desconfianza.
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Política internacional: Organismos como la Corte Penal Internacional observan de cerca el proceso, con impacto directo en la imagen internacional de Colombia.
Comparativo internacional
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Sudáfrica (Comisión de la Verdad y Reconciliación): Priorizó la verdad sobre la sanción. Generó catarsis colectiva, pero fue criticada por falta de justicia material.
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Ruanda (Gacaca): Tribunales comunitarios que agilizaron juicios del genocidio. Aceleraron procesos, pero cuestionados por su rigurosidad y capacidad reparadora.
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Irlanda del Norte: Reducciones de penas para excombatientes facilitaron la transición política, pero dejaron tensiones sociales sin resolver.
Colombia, con la JEP, apuesta por un modelo híbrido con sanciones restaurativas. El reto: demostrar que estas medidas son eficaces, tangibles y verificables.
La advertencia de la Defensora
La Defensora del Pueblo concluyó que la justicia restaurativa solo tendrá sentido si las sanciones se cumplen con claridad, transparencia y eficacia, de modo que las víctimas no se sientan burladas y el país pueda avanzar en la reconciliación.
«Es un fallo histórico, pero lo que está en juego ahora no es el anuncio, sino su cumplimiento», subrayó Marín.
