Colombia se consolidó en 2024 como el país más peligroso del mundo para los defensores del medio ambiente, con 48 asesinatos y desapariciones de activistas, según el informe anual de la organización internacional Global Witness, publicado este 17 de septiembre.
Por tercer año consecutivo, el país encabeza la lista global de naciones más letales para quienes protegen la tierra, el agua y los recursos naturales. Las cifras de Colombia representan casi un tercio de los 146 casos documentados en todo el mundo, lo que refleja una crisis persistente en materia de derechos humanos y ambientales.
Aunque hubo una reducción respecto a los 79 casos registrados en 2023, la situación sigue siendo alarmante. El informe señala que América Latina concentra más del 80% de los crímenes contra defensores ambientales: 48 en Colombia, 20 en Guatemala y 18 en México.
Zonas críticas y factores de riesgo
Los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo fueron nuevamente los más golpeados, todos marcados por la presencia de grupos armados ilegales, minería ilegal, cultivos ilícitos y disputas territoriales. Estos factores hacen de los territorios protegidos no solo zonas de alta biodiversidad, sino también escenarios de violencia sistemática.
Global Witness advirtió que las comunidades indígenas son las más afectadas: aunque representan solo el 6% de la población mundial, concentran aproximadamente un tercio de las víctimas a nivel global. Esto se debe a su rol como guardianes de los ecosistemas más vulnerables y a su resistencia frente a proyectos extractivos.
Impunidad y ausencia estatal
El informe también pone de relieve la alta impunidad que rodea estos crímenes. En la mayoría de los casos, los responsables materiales e intelectuales no enfrentan consecuencias legales. La falta de investigaciones eficaces y condenas fomenta un círculo vicioso de violencia e intimidación.
Pese a la ratificación del Acuerdo de Escazú, instrumento regional que busca proteger a los defensores ambientales, su implementación en Colombia y otros países ha sido lenta, desigual y sin resultados tangibles, según Global Witness.
Llamado urgente a los gobiernos
Ante este panorama, la organización hizo un llamado urgente a los gobiernos latinoamericanos, especialmente al colombiano, para que fortalezcan los mecanismos de protección, garanticen justicia en los casos de asesinatos y desapariciones, y se comprometan con la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú.
“La defensa del planeta no puede costar la vida. Si no protegemos a quienes nos protegen, todos estamos en riesgo”, concluye el informe.
