Las víctimas calificaron como “blandas” las sanciones de la JEP a siete integrantes del último secretariado de las FARC, condenados a ocho años de restricciones sin cárcel por secuestros y crímenes de lesa humanidad.
Un fallo histórico de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desató este martes una fuerte ola de inconformidad entre las víctimas de secuestros de las FARC, quienes manifestaron sentirse “indignados y dolidos” ante las condenas dictadas contra siete exmiembros del último secretariado de esa guerrilla.
La sentencia, que se deriva del macrocaso 001, establece penas alternativas de ocho años de “restricción efectiva de derechos” contra Rodrigo Londoño (‘Timochenko’), Pastor Alape, Jaime Alberto Parra (‘el Médico’), Pablo Catatumbo, Milton de Jesús Toncel (‘Joaquín Gómez’), Julián Gallo (‘Carlos Antonio Lozada’) y Rodrigo Granda (‘Ricardo Téllez’). Ninguno de ellos asistió presencialmente a la lectura de la condena, celebrada en Bogotá.
Las sanciones no incluyen prisión y consisten en trabajos restaurativos como la búsqueda de personas desaparecidas, el desminado, la recuperación ambiental y reparaciones simbólicas. Sin embargo, para los afectados, el fallo representa más beneficios para los victimarios que para las más de 21.000 víctimas de secuestro que dejó el conflicto.
El general retirado Luis Herlindo Mendieta, quien pasó casi doce años en cautiverio tras la toma guerrillera de Mitú, cuestionó que la decisión “únicamente da beneficios a los victimarios”. Señaló que ni siquiera se atendieron las solicitudes de verdad sobre los desaparecidos: “Lo que hemos visto hoy es que los beneficios se los dieron todos a ellos. Se está beneficiando a los victimarios para que ‘paguen sus penas’ en sus casas o con burocracia”.
Por su parte, la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, secuestrada por las FARC durante seis años, calificó la condena como una “burla para todas las personas que estuvimos secuestradas”. “Como víctimas estamos indignados y dolidos. Fue mucho lo que advertimos para que no hubiera impunidad para nosotros”, afirmó.
En la misma línea, Clara Rojas, compañera de cautiverio de Betancourt, expresó en X que el fallo deja “la sensación de falta de proporcionalidad con la dimensión del daño causado”, recordando que apenas 4.200 víctimas pudieron participar en las audiencias frente a las más de 21.000 registradas.
Los trabajos que se les imponen, si bien quizá sean importantes, me pregunto en qué restablecen y repararán a las 21.800 víctimas del secuestro y sus familias? @JEP @RedMasNoticias https://t.co/2HKog5sUAG
— Clara Rojas (@CLARAROJASG) September 16, 2025
El macrocaso 001, investigado por la JEP durante siete años, documentó crímenes de guerra como toma de rehenes, homicidios y desapariciones forzadas, así como delitos de lesa humanidad. No obstante, para las víctimas la justicia transicional quedó en deuda con la verdad, la reparación y la proporcionalidad de las penas.
Y.A.
