Por: MADDENYER LAWS
Correo: razon.derecho@gmail.com
Introducción
El derecho en Colombia se encuentra atrapado entre dos fuerzas: la razón, entendida como capacidad de analizar la realidad social con proporcionalidad y coherencia, y el formalismo jurídico, que reduce la labor judicial y fiscal a la aplicación mecánica de la ley.
En Colombia, la justicia no ha logrado romper del todo las cadenas de su pasado. Desde la conformación del Estado republicano en 1832 el modelo jurídico heredó estructuras monárquicas, clericales y plutocráticas.
Durante décadas, la justicia se concibió más como un instrumento de control social y de venganza que como un espacio de equidad: una visión feudal reforzada por la moral religiosa del “ojo por ojo, diente por diente”. Ese enfoque punitivo y disciplinario ha dejado huellas profundas en nuestra cultura jurídica.
Esta tensión, lejos de ser teórica, afecta directamente la legitimidad del sistema judicial y la confianza de la sociedad. La justicia, que debería ser el espacio de encuentro entre moral pública y derecho positivo, se ha transformado en un escenario de rituales tecnocráticos alejados de la vida real.
Este ensayo periodístico busca analizar cómo se configuró en Colombia una cultura jurídica dogmática, de raíces monárquicas y católicas, y cómo esta tradición sigue influyendo en la forma en que jueces y fiscales actúan, en detrimento de la razón como principio fundamental de justicia.
Raíces históricas del ordenamiento jurídico colombiano
El ordenamiento jurídico colombiano no nació de un proceso autónomo, sino de una herencia cultural. Desde 1832, tras la independencia, se consolidó un modelo político y jurídico con fuerte influencia de la monarquía española, el catolicismo y la plutocracia local.
De allí surgió una cultura que concibe la justicia como un acto de disciplina y venganza, más cercano al viejo testamento (“ojo por ojo, diente por diente”) que a un verdadero sistema democrático de garantías. Así, la función del derecho fue vista como un mecanismo de control social, antes que como un instrumento de racionalidad y equilibrio.
La alianza entre clero y plutocracia dio lugar a un poder político conservador que definió la administración de justicia con criterios dogmáticos. En lugar de nutrirse de la moral pública y de la conducta social, el derecho colombiano se ató a normas rígidas, muchas veces unas desconectadas de la realidad y otras importadas.
El problema del pragmatismo judicial y fiscal
El artículo 230 de la Constitución establece que “los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley”. Esta fórmula, en apariencia democrática, ha sido interpretada de manera restrictiva, generando un pragmatismo judicial donde la ley se aplica como una regla técnica, sin razonabilidad ni análisis social.
El resultado es una justicia que se comporta como ficción institucional: audiencias que parecen juicios marciales, jueces y fiscales que hablan un lenguaje incomprensible para la ciudadanía y decisiones que no consideran la proporcionalidad de los derechos en juego.
La Fiscalía y el espejismo de la investigación
Aunque la Constitución, en su artículo 250, asigna a la Fiscalía la función de investigar y acusar, en la práctica esta institución no investiga directamente. Quien adelanta las indagaciones es la Policía Judicial, y el fiscal suele limitarse a avalar lo que allí se consigne. Este “tragar entero” genera un quiebre gravísimo en la justicia: informes policiales elaborados, en ocasiones, por funcionarios muy jóvenes y sin la experiencia suficiente, terminan convertidos en la columna vertebral de imputaciones, acusaciones y condenas.
A ello se suma un problema estructural: la idoneidad de los fiscales no se mide por la calidad de las investigaciones ni por la búsqueda de la verdad, sino por estadísticas de productividad —número de condenas, casos llevados a sentencia o preacuerdos firmados—. En otras palabras, trabajan por producción, al destajo, como si la justicia fuese una línea de ensamblaje. Con semejante método no puede haber justicia material, porque la prioridad no es investigar con rigor, sino mostrar resultados numéricos.
El problema no es menor. Cuando los jueces interpretan la Constitución como un simple manual de aplicación legal, la justicia se convierte en una ficción. No hay espacio para la moral pública ni para la reflexión crítica sobre las conductas sociales que originan el derecho. Los estrados se vuelven escenarios fríos, donde la sentencia es un trámite y no un acto de justicia.
