Exrepresentantes y senadores de la Costa Atlántica rechazan con dureza la iniciativa que busca incrementar las tarifas de transporte de gas, mientras informes técnicos alertan sobre un posible racionamiento de energía en octubre por falta de suministro.
Por: Redacción Digital.
DIARIO LA LIBERTAD.
La Región Caribe atraviesa un momento crítico en materia energética. A los históricos problemas de infraestructura y altos costos en los servicios públicos, se suma ahora la polémica por un proyecto de ley que pretende incrementar las tarifas de transporte de gas, iniciativa que ha despertado un rechazo casi unánime entre los congresistas costeños y líderes de opinión de la región.
El exrepresentante a la Cámara César Lorduy fue contundente al calificar la propuesta como un “esperpento”. En declaraciones a medios locales afirmó: “Todos debemos oponernos a esta iniciativa que es lesiva desde todo punto de vista para nuestra región. Es un atentado contra la Región Caribe y una amenaza para nuestra competitividad, con una propuesta absurda desde todo punto de vista. Está basada en hacer las cosas más fáciles en vez de hacer el esfuerzo de explotar y potenciar nuestros recursos en caminos de gas”.
Su crítica refleja una preocupación de fondo: mientras el Caribe enfrenta riesgos de racionamiento eléctrico, el Congreso discute un proyecto que en vez de promover soluciones de fondo podría agravar la situación de los usuarios y de la industria regional de gas natural.
¿Que más hace falta? Todo indica que en octubre tendremos #racionamiento de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, Bolívar, La Guajira, Cesar y Magdalena. Así lo determina un Informe de XM.https://t.co/u0FOEf9mhI pic.twitter.com/LSMzj85PI5
— Cesar Lorduy (@LorduyCesar) September 17, 2025
Una región al borde del racionamiento
La advertencia no proviene solo de los políticos. El Centro Nacional de Despacho (CND) de XM, operador del mercado eléctrico colombiano, publicó un informe alarmante: durante octubre será necesario aplicar racionamientos de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, Bolívar, La Guajira, Cesar y Magdalena.
El motivo principal radica en el mantenimiento programado de la regasificadora de Cartagena, prevista entre el 10 y el 14 de octubre. Esta planta es clave, pues permite la importación de alrededor del 17 % del gas natural que se consume en el país, incluyendo un 4 % destinado a la demanda esencial de hogares y pequeños comercios. Con su suspensión temporal, las termoeléctricas Tebsa, Termocandelaria y Termoflores quedarían sin suministro suficiente para operar.
El informe de XM es categórico: “Es evidente, con la información declarada por los generadores térmicos, la necesidad de racionar demanda en el área Caribe 2 por la falta de gas natural desde el interior y la indisponibilidad de la generación de seguridad de la zona”.
La situación es tan delicada que ya se contempla la activación de la figura de Demanda No Atendida (DNA), es decir, interrupciones programadas del servicio eléctrico para hogares, comercios e industrias.
Reacciones del sector y del Congreso
Frente a este panorama, varios senadores costeños han cerrado filas contra la iniciativa legislativa que busca aumentar las tarifas. El senador José David Name fue tajante: “Ese proyecto es un adefesio y no tiene sentido. Se encuentra en la Comisión Quinta y de allí no pasará”.
De igual manera, el conservador Efraín Cepeda la calificó como un “exabrupto”, advirtiendo que la Bancada Caribe está lista para hundirla en el Congreso. “Es lesiva para los habitantes de la región”, afirmó.
El senador Carlos Meisel coincidió al señalar que la propuesta “será tumbada en el Congreso de la República”, mientras que Mauricio Gómez Amín subrayó que el compromiso de los parlamentarios de la Costa es “blindar el bolsillo de la ciudadanía, ya afectada por múltiples impuestos”.
Estas declaraciones reflejan un consenso poco común en la política regional: la convicción de que este proyecto no solo es inoportuno, sino también dañino en medio de la coyuntura energética que atraviesa el Caribe.
Un problema estructural: dependencia del gas importado
El debate ha vuelto a poner sobre la mesa un asunto de fondo: la dependencia creciente de Colombia del gas importado. Pese a contar con potenciales reservas en la Costa Caribe, en zonas como La Guajira y el offshore frente a Atlántico y Bolívar, el país ha optado por suplir gran parte de su demanda con gas proveniente del exterior, lo que lo hace vulnerable a fallas logísticas o mantenimientos de infraestructura como el de la regasificadora de Cartagena.
Lorduy lo sintetizó en una frase que resuena como advertencia: “En lugar de afectar la competitividad de la Costa, se debe impulsar la explotación de gas para evitar que el país siga dependiendo de la importación de este combustible”.
Este señalamiento coincide con los llamados de sectores industriales y académicos que piden acelerar la exploración y explotación de gas nacional, incluyendo los proyectos en el Caribe offshore y el desarrollo de reservas no convencionales, siempre bajo parámetros de sostenibilidad ambiental.
Impacto social y económico
Para la Región Caribe, históricamente golpeada por los altos costos de los servicios públicos y la ineficiencia en la infraestructura energética, cualquier aumento en las tarifas de gas resulta especialmente sensible.
El alza no solo impactaría el bolsillo de los hogares, sino también la competitividad de sectores productivos que dependen del gas natural como insumo energético. Industrias como la química, el cemento, el vidrio y los alimentos verían encarecidos sus costos de producción, afectando su capacidad para generar empleo y competir en el mercado nacional e internacional.
Además, un racionamiento eléctrico en departamentos clave como Atlántico y Bolívar tendría consecuencias directas sobre ciudades como Barranquilla y Cartagena, motores económicos de la región.
El pulso político y lo que viene
Aunque todo indica que el proyecto de ley difícilmente prosperará en el Congreso debido a la oposición cerrada de la bancada costeña, la discusión ha servido para visibilizar la urgencia de una política energética integral que atienda los desafíos del Caribe.
El reto es doble: garantizar la seguridad del suministro de gas natural y, al mismo tiempo, evitar que la transición energética —hacia fuentes renovables como la solar y la eólica— se convierta en una carga desigual para la región.
La crisis actual debería ser una oportunidad para replantear el papel del Caribe en la matriz energética nacional, reconociendo su potencial no solo como consumidor, sino como productor y exportador de energía limpia y gas natural.
Más que tarifas: la dignidad y competitividad de la Costa
El rechazo al proyecto de ley que pretende incrementar las tarifas de transporte de gas refleja una preocupación legítima: no se puede seguir castigando al Caribe con decisiones que encarecen la vida de sus habitantes y ponen en riesgo su desarrollo económico.
Mientras tanto, el inminente racionamiento de energía eléctrica previsto para octubre pone en evidencia la fragilidad del sistema y la necesidad urgente de soluciones estructurales.
En palabras de Lorduy, este no es un debate sobre tecnicismos legislativos, sino sobre el futuro de una región que exige respeto, inversión y visión estratégica.
Y.A.
