El presidente Gustavo Petro salió al filo de la controversia tras la decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en su lucha contra el narcotráfico, denunciando que dicha medida carece de fundamento justo y se basa en una visión sesgada de la realidad.
En sus declaraciones, el mandatario argentino trazó una línea clara: el crecimiento de los cultivos de coca, más que culpa de su gobierno, es herencia de administraciones anteriores. “No es justo que me culpen por algo que aconteció bajo Duque”, dijo, en alusión a las estrategias fallidas de erradicación manual, fumigación aérea con glifosato y otras acciones de represión que, según él, desbordaron las capacidades institucionales sin atacar las causas profundas.
Petro propuso otra ruta: “Para que disminuyan los cultivos de hoja de coca no se necesita glifosato tirado desde avionetas, sino una disminución de la demanda por cocaína, fundamentalmente en EE. UU. y Europa”. En su visión, la guerra antidrogas global ha sido una política desequilibrada, que ha castigado desproporcionadamente a los más vulnerables sin reducir significativamente la oferta ni el consumo real.
No se quedó ahí: la Canciller Yolanda Villavicencio calificó la descertificación como una acción política y parcial, y defendió los logros del gobierno en seguridad territorial, protección de vidas campesinas y medidas sociales en zonas cocaleras.
El debate está planteado, y las líneas están trazadas: la lucha institucional por la reputación internacional de Colombia, la interpretación de los datos sobre cultivos y decomisos, y la exigencia creciente de resultados visibles que convenzan no solo a la comunidad nacional, sino también a quienes observan desde fuera.
