Por Juan de Arco
La política del Magdalena sigue cambiando y muestra de ello se da con la posesión de Danilo Beltrán Payares como nuevo diputado de la Asamblea Departamental, en reemplazo de Rafael Emilio Noya García, quien quedó viendo un «chispero» al estilo de «Armando», dado que su elección fue anulada por decisión judicial. Beltrán, asumió el cargo en representación del partido Fuerza Ciudadana, llegando al recinto legislativo con un manto de polémica detrás, justo cuando su colectividad intenta sostener la mínima cuota de poder que le queda tras perder la personería jurídica.
La posesión de Beltrán, deja de lado a una especie reptil como lo es un camaleón, que de la noche a la mañana cambia de color, tal como le sucedio a Noya con una demanda por doble militancia que terminó con la nulidad de su elección. Este, había sido elegido para el periodo constitucional 2024–2027, pero fue demandado por Hernando Zabaleta Echeverry, argumentando que violó los artículos 107 de la Constitución, el 2 de la Ley 1475 de 2011 y el 65 de la Ley 2200 de 2022.
Beltrán, por su parte, llegó a la Asamblea defendiendo su derecho legítimo al cargo, y expresa su intención de “recuperar la representación elegida en las urnas”.
La presencia de Beltrán y la permanencia de Martha García en las curules de Fuerza Ciudadana, sin duda alguna mantendrán una viva una representación para los magdalenenses.
Las sesiones ordinarias de la Asamblea se reanudarán el 1 de octubre, donde Beltrán demostrará que su llegada al cargo si responde a una verdadera intención de servir a los intereses del Magdalena, a diferencia de Noya que buscó algún tipo de enroque político para mantener viva, a toda costa, un «Pacto» que se desmorona en los estrados judiciales y ante la ciudadanía.
Rafael buscando su «charca», estará como… «¿Y dónde me haré yo?«, pero a la final, no te vistas que, No-Ya.
Durante la sesión, la corporación dio la bienvenida oficial a su nuevo integrante, destacando que su incorporación representa la continuidad del compromiso institucional con el ejercicio del control político, la vigilancia rigurosa de la gestión pública y la promoción de la transparencia en el uso de los recursos del departamento.
Con esta posesión, la Asamblea Departamental reafirma el cumplimiento del mandato democrático expresado en las urnas, en concordancia con las disposiciones de los organismos electorales y las normas vigentes.
