La Fiscalía 11 delegada ante la Corte Suprema de Justicia investiga a Pedro Sánchez y Eduardo Zapateiro tras revelarse presuntos chats que comprometerían su relación con Indumil; el ministro rechaza las acusaciones y habla de un montaje.
La Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el general retirado Eduardo Zapateiro, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias de servidor público.
La indagación, asignada a la Fiscalía 11 delegada ante la Corte Suprema de Justicia, surge a raíz de la denuncia presentada por el sargento retirado Alexander Chalá, quien entregó como pruebas unas conversaciones de WhatsApp en las que, supuestamente, se discutiría la firma de un contrato en Indumil, presuntamente a espaldas del presidente Gustavo Petro.
Según Chalá, en los chats “se habla de acuerdos, negociaciones, favores y visitas al comando general e Indumil. Lo más delicado es que se estaría actuando a espaldas de la presidencia. La veracidad de los chats es difícil de refutar, pues las imágenes son capturas de pantalla de un celular. En la primera, se pueden observar claramente los números de teléfono de los participantes, que sin duda pertenecen a las personas mencionadas”.
El denunciante advirtió que, de comprobarse los hechos, “no solo sería una de las peores traiciones contra el presidente Gustavo Petro, sino un acto de deslealtad y deshonor que pondría en riesgo incluso la seguridad nacional”.
La respuesta del ministro Sánchez
En reacción, el ministro Pedro Sánchez también acudió a la Fiscalía y radicó una denuncia contra el sargento (r) Alexander Chalá Sáenz, a quien acusa de falsedad en documento privado, injuria y calumnia.
Sánchez aseguró que los mensajes difundidos por Chalá son “un montaje” y rechazó cualquier señalamiento de corrupción o de conspiración institucional.
La postura de Indumil
De manera paralela, se conoció que Indumil envió una carta oficial al presidente Gustavo Petro, en la que negó cualquier vínculo con las afirmaciones divulgadas por Chalá.
La empresa estatal subrayó que sus decisiones operativas se toman bajo criterios técnicos y estratégicos de las Fuerzas Militares y de Policía, descartando que exista algún tipo de presión o interés externo.
El caso ahora queda en manos de la justicia, que deberá determinar la autenticidad de los chats y la eventual responsabilidad de los señalados.
Y.A.
