En el sistema de salud colombiano, donde cada peso cuenta y cada decisión puede definir la vida o la muerte de un paciente, un nuevo escándalo sacude los cimientos de la confianza pública. Cuatro exdirectivos de la Nueva EPS —una de las entidades más grandes y con mayor número de afiliados en el país— han sido llamados a juicio por un caso que involucra la ocultación de facturas y la desviación de más de $70.500 millones de pesos.
Los implicados son José Fernando Cardona Uribe, Juan Carlos Isaza Correa, Edgar Pedraza Castellanos y Fabián Alberto Peralta, quienes, según las investigaciones, habrían participado en una estrategia sistemática para no procesar la totalidad de las facturas presentadas por diversas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) entre los años 2019 y 2023.
¿Qué ocurrió?
Según la Fiscalía, durante esos cuatro años, se habrían dejado de contabilizar miles de facturas legítimas, lo que generó una deuda multimillonaria con hospitales y clínicas que atendieron pacientes afiliados a la Nueva EPS. La operación, en apariencia técnica, habría tenido un objetivo claro: “limpiar” contablemente los libros de la entidad, evadiendo pagos millonarios y comprometiendo gravemente la liquidez de las IPS.
Fuentes cercanas a la investigación revelaron que la estrategia no solo fue deliberada, sino también estructurada desde las más altas esferas administrativas. La deuda, calculada en más de 70 mil millones de pesos, permaneció “invisible” para los entes de control durante años, hasta que una auditoría interna encendió las alarmas.
El impacto de este caso va mucho más allá de lo financiero. Para los hospitales y clínicas afectadas, la falta de pago representa la imposibilidad de pagar nóminas, adquirir insumos y sostener la operación. Y para los pacientes, especialmente en zonas rurales y apartadas, se traduce en citas aplazadas, tratamientos interrumpidos o la negación de servicios vitales.
Este escándalo deja al descubierto fallas estructurales en el sistema de vigilancia y supervisión sobre las Entidades Promotoras de Salud (EPS). ¿Cómo es posible que durante años se ocultaran facturas por miles de millones sin que ninguna autoridad interviniera?
El juicio, un paso hacia la rendición de cuentas
El llamado a juicio de los cuatro exdirectivos representa un momento decisivo. No solo por lo que implica para la Nueva EPS, sino porque podría marcar un precedente en la forma en que se castiga la corrupción dentro del sistema de salud.
Los delitos que se les imputan incluyen fraude, falsedad documental, administración desleal y concierto para delinquir, todos con consecuencias penales graves.
Este proceso podría abrir la puerta a una revisión nacional del funcionamiento de las EPS, muchas de las cuales han sido señaladas por ineficiencias, demoras en pagos y malos manejos financieros. La salud no puede seguir siendo vista como un negocio sin control, y este caso puede ser el punto de quiebre para exigir una reforma real, profunda y efectiva.
“Los recursos de la salud son sagrados. Si se confirma que hubo manipulación intencional para evadir pagos, estamos hablando de una traición al país entero”, dijo un funcionario del sector salud, bajo condición de anonimato.
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4 exdirectivos de la Nueva EPS serán juzgados por desviar más de $70.500 millones entre 2019 y 2023.
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Las víctimas: hospitales, clínicas y, en última instancia, los usuarios del sistema de salud.
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Este caso expone un vacío de control en el sistema de EPS en Colombia.
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El juicio podría ser un punto de inflexión para la reforma estructural del sistema de salud.
¿Será este el inicio de una nueva era de justicia y transparencia en el sector salud? El país observa, con escepticismo pero también con esperanza, que esta vez, los responsables paguen.
