La Corte recordó dichas disposiciones tras el estudio de la tutela que presentó una mujer de 72 años, quien alegó que durante 19 años trabajó como empleada doméstica, bajo el incumplimiento en el reconocimiento y pago de sus derechos vinculados a la seguridad social.
La Sala Séptima de Revisión, integrada por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, quien la preside, así como por los magistrados José Fernando Reyes Cuartas y Héctor Alfonso Carvajal Londoño, recordó que, tanto el ordenamiento jurídico como las sentencias de la Corte, estableció las obligaciones que tiene el empleador con el trabajador doméstico.
Resaltó que el empleador debe cumplir con siete obligaciones de contenido meramente económico. La primera comprende el pago por los servicios prestados, que no puede ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente; la segunda relaciona el reconocimiento del pago de horas extras; la tercera vincula el pago de las cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, vestido y calzado de labor.
La cuarta obligación relaciona el pago del auxilio de transporte, cuando el salario devengado es inferior a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes; el quinto punto obliga al empleador a pagar una indemnización cuando este decida terminar unilateralmente el contrato de trabajo sin justa causa; la sexta obligación ordena pagar una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario cuando el trabajador sea despedido o su contrato terminado por razón de una discapacidad sin la autorización de la oficina de Trabajo.
La séptima obligación del empleador relaciona la afiliación del trabajador doméstico al Sistema de Seguridad Social Integral en pensiones, salud y riesgos profesionales y pagar las respectivas cotizaciones a cada uno de dichos regímenes.
La Corte recordó dichas disposiciones tras el estudio de la tutela que presentó una mujer de 72 años, quien alegó que durante 19 años trabajó como empleada doméstica, recibiendo una remuneración de 500 mil pesos mensuales, 100 mil pesos de auxilio de transporte y, según su relato, la promesa de su empleador respecto de que “no debía preocuparse por su futuro puesto que se encargaría de su futuro en tanto se encargaría de su pensión por todos los años que trabajó a su servicio”.
La accionante, quien además debe velar por su esposo, de 72 años, quien tiene afecciones de salud, relata que invocó el amparo debido a que solo recibe 80.000 pesos al mes como beneficiaria del programa de adulto mayor y un valor de 60.000 pesos que recibe por cada trabajo de limpieza que realiza en una casa de familia.
La Corte amparó, de manera transitoria, los derechos la dignidad humana, al mínimo vital y a la seguridad social y le ordenó a su exempleadora pagar el 50% del salario mínimo mensual vigente. Dicha prestación deberá pagarse durante los cinco primeros días de cada mes hasta que el juez laboral que asumió el caso se pronuncie en forma definitiva respecto de los derechos laborales derivados del contrato de trabajo entre las partes.
La Sala aclaró que la decisión deberá incluir la definición acerca del mecanismo mediante el cual la exempleadora asumirá y pagará los aportes que se hubieren dejado de cancelar en el marco de la relación laboral sostenida con la accionante.
Entre otras cosas, la Corte exhortó al Consultorio Jurídico de la Fundación Universitaria de Popayán y a los profesionales del derecho que intervinieron en el caso a ejercer sus funciones con la debida responsabilidad, especialmente cuando representan o asesoran a personas de especial protección constitucional, con el fin de no reproducir patrones de exclusión o negligencia institucional que perpetúan la desigualdad y la desprotección.
