En un fallo sin precedentes sobre derechos digitales en Colombia, la Corte Constitucional resolvió a favor de la creadora de contenido adulto Esperanza Gómez Silva la tutela interpuesta contra la empresa Meta, tras la eliminación de su cuenta de Instagram por supuestas infracciones a las normas comunitarias.
La Sentencia T-256 de 2025 establece que Meta debe aplicar sus políticas de moderación de manera uniforme y no discriminatoria, garantizando que los estándares no se utilicen para censurar contenidos de forma selectiva o arbitraria, especialmente cuando se trata de expresiones protegidas por la libertad de expresión y la autonomía personal.
Esperanza Gómez, actriz y empresaria, alegó que la suspensión de su cuenta fue una acción desproporcionada y discriminatoria, ya que otros creadores de contenido de naturaleza similar no fueron objeto de sanciones. Argumentó además la falta de mecanismos claros para apelar decisiones y la dificultad de acceso a las políticas de la plataforma en idioma español.
La Corte ordenó a Meta:
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Aplicar las normas comunitarias de forma uniforme y no discriminatoria.
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Traducir y publicar sus políticas de moderación en castellano, de manera clara y accesible.
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Establecer procedimientos eficaces para que los usuarios impugnen decisiones de moderación de contenido.
¿Y ahora qué?
Este fallo marca un hito en la defensa de los derechos digitales de los usuarios colombianos, especialmente frente a plataformas globales que prestan servicios en el país. Si bien Meta es una empresa internacional, la Corte recordó que al operar en territorio colombiano debe respetar el bloque de constitucionalidad, incluyendo el derecho al debido proceso y la libertad de expresión.
¿Cuál es el alcance real?
El fallo abre un debate profundo sobre el vínculo jurídico de las decisiones constitucionales frente a gigantes tecnológicos globales, y plantea interrogantes claves para juristas, reguladores y la ciudadanía digital:
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¿Cómo se hará exigible este tipo de sentencias en plataformas extranjeras?
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¿Qué autoridad supervisará su cumplimiento en el ámbito digital?
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¿Quién responde en caso de desacato: la sede global o los representantes legales en Colombia?
Lo cierto es que esta sentencia refuerza la soberanía jurídica del país en la protección de derechos fundamentales, incluso en escenarios transnacionales donde las decisiones algorítmicas afectan la visibilidad, reputación y economía de millones de usuarios.
