La Contraloría General de la República reveló que la Aerocivil firmó contratos de operación y mantenimiento de plantas de agua en varios aeropuertos sin contar con permisos ambientales, además de presentar un avance crítico en el programa ASAES.
Un severo hallazgo fiscal de $5.670 millones fue identificado por la Contraloría General de la República en una auditoría financiera realizada a la Aerocivil, entidad encargada del control y regulación de la aviación civil en Colombia. El organismo de control determinó que se suscribió el contrato 22001380 02 H3 de 2022 para la operación y mantenimiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales, potables e industriales en aeropuertos de la regional centro sur, sin las debidas licencias ni permisos ambientales.
El informe señala que los terminales aéreos de Florencia, Guaymaral, Leticia, Mariquita, Neiva, Pitalito, Puerto Asís, San Vicente del Caguán y Villagarzón fueron objeto de esta irregularidad. En particular, los aeropuertos de Villagarzón, Puerto Asís, San Vicente del Caguán y Leticia no contaban con la concesión de aguas ni con las autorizaciones para las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP). Asimismo, los de Villagarzón, San Vicente del Caguán, Puerto Asís, Pitalito, Neiva, Mariquita, Guaymaral y Florencia carecían de permisos para los vertimientos de aguas residuales (PTAR).
La Contraloría advirtió que contratar la operación y mantenimiento de estos sistemas sin las autorizaciones correspondientes no solo viola la normativa vigente, sino que también pone en riesgo la salud pública de quienes utilizan o viven cerca de los aeropuertos. “Se trata de una falta grave que compromete la seguridad ambiental y sanitaria en terminales aéreos estratégicos”, subrayó el ente de control.
Además del hallazgo fiscal, el organismo evidenció deficiencias en el programa de Aeropuertos para Servicios Aéreos Esenciales (ASAES), incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Este proyecto busca garantizar la conectividad aérea de las regiones apartadas mediante obras de infraestructura en 14 aeródromos priorizados.
Para una primera etapa, la Aerocivil destinó más de $377.000 millones a través de convenios con el Ejército Nacional y ENTerritorio, con plazo de ejecución hasta mayo de 2025. Sin embargo, a diciembre de 2024 apenas se reportaba un avance físico ponderado del 2,31%, con trabajos visibles únicamente en Cumaribo (8,47%) y La Primavera (6,28%).
La baja ejecución amenaza con generar sobrecostos, retrasos y afectaciones directas a comunidades que dependen de estas terminales aéreas para acceder a bienes y servicios básicos. “El incumplimiento de los cronogramas no solo retrasa la integración territorial, sino que también profundiza las brechas sociales en zonas que históricamente han estado aisladas”, advirtió la Contraloría.
Con estos hallazgos, la Aerocivil queda en el centro de cuestionamientos por una gestión que, además de carecer de rigor en materia ambiental, exhibe graves rezagos en el cumplimiento de programas estratégicos para la equidad territorial.
Y.A.
