La Nueva EPS atraviesa el momento más delicado de su historia. Un informe reservado de la Contraloría, al que tuvo acceso Cambio, revela que la mayor aseguradora del sistema de salud colombiano no solo no logró recuperarse con la intervención estatal, sino que su crisis financiera se profundizó al punto de comprometer la atención de 11,5 millones de afiliados.
De acuerdo con la auditoría, las deudas de la entidad crecieron un 198 % en poco más de dos años, pasando de 5,4 billones en 2022 a más de 21 billones en marzo de 2025. Las proyecciones indican que al cierre de este año los pasivos podrían superar los 26 billones, mientras que el patrimonio registraría pérdidas cercanas a los 9 billones de pesos. La Contraloría advierte que este escenario compromete la viabilidad estructural de la EPS y amenaza la continuidad del servicio para millones de usuarios.
El informe también destapa graves irregularidades administrativas: facturas por más de 13 billones sin auditar, anticipos de 15,3 billones sin legalizar y reservas técnicas subestimadas por 11,1 billones. A esto se suma la concentración de contratos millonarios en empresas con vínculos comunes, lo que eleva los riesgos fiscales y reputacionales.
En paralelo, los indicadores de atención reflejan el deterioro: entre 2022 y 2025 las peticiones, quejas y reclamos crecieron más del 150 %, y solo en el primer semestre de este año se interpusieron más de 66.000 tutelas, cifra récord en la historia de la entidad.
Aunque el presidente Gustavo Petro ha defendido la intervención iniciada en abril de 2024 como un esfuerzo para rescatar el sistema, los hallazgos de la Contraloría sugieren lo contrario: la operación de la Nueva EPS se acerca a un punto de no retorno.
