El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, en compañía del abogado Germán Calderón España, interpuso una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para detener la consulta interna del Pacto Histórico, prevista para el 26 de octubre de 2025.
Los demandantes argumentan que el proceso podría abrir la posibilidad de un uso indebido de recursos estatales a favor de los precandidatos de esa colectividad. En su criterio, la consulta debería estar sujeta a las restricciones de la Ley de Garantías Electorales, que impide la utilización de nóminas oficiales, contratación pública y bienes del Estado en época preelectoral.
De la Espriella y Calderón sostienen que existe un riesgo real de intervención del presidente Gustavo Petro en la contienda, lo que alteraría el equilibrio frente a otros aspirantes a la Presidencia.
La demanda incluye la solicitud de pruebas testimoniales de expresidentes, congresistas y precandidatos de distintos sectores, así como la presencia de la Misión de Observación Electoral. Según los juristas, la medida cautelar debe aplicarse con urgencia para proteger la moralidad administrativa y garantizar un escenario justo en la carrera presidencial de 2026.
