El organismo de control instó al Gobierno, a la UNP y a la Fiscalía a reforzar con urgencia las medidas de seguridad y garantizar la vida de los excombatientes que avanzan en procesos de reincorporación en el país.
El atentado ocurrido el pasado 10 de septiembre en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Agua Bonita, en el departamento del Caquetá, volvió a encender las alarmas sobre la seguridad de quienes le apostaron a la paz. Un firmante del Acuerdo fue atacado con arma de fuego y resultó herido, en un hecho que revive los temores sobre la persistencia de la violencia contra los excombatientes en proceso de reincorporación.
La Procuraduría General de la Nación condenó enérgicamente el ataque y emitió un llamado urgente a las instituciones del Estado. En su declaración, el Ministerio Público pidió al Gobierno Nacional, al Ministerio de Defensa, a la Unidad Nacional de Protección (UNP), a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades locales que fortalezcan de inmediato los esquemas de protección.
El organismo de control también exigió que se prioricen las investigaciones judiciales para identificar a los autores materiales e intelectuales del atentado y garantizar que no quede en la impunidad. En su comunicado, la entidad reafirmó “su compromiso con el seguimiento y la vigilancia de las políticas de paz para garantizar la protección de la vida e integridad de los excombatientes, en cumplimiento de su mandato constitucional”.
Este nuevo hecho violento refleja la fragilidad de las garantías de seguridad en las regiones más afectadas por el conflicto armado. Organizaciones sociales y expertos han advertido que los ETCR enfrentan riesgos constantes por la presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas que ven en los excombatientes un blanco estratégico.
El ataque en Agua Bonita se suma a una lista de agresiones que ponen en entredicho la consolidación del Acuerdo de Paz y plantea un reto inmediato para el Estado: traducir los compromisos en medidas concretas que eviten más víctimas y fortalezcan la confianza en el proceso de reincorporación.
Y.A.
