El presidente Gustavo Petro denunció supuestas presiones indebidas en la nueva imputación contra su hijo Nicolás Petro, vinculando a la Fiscalía, a estructuras mafiosas y a la candidata presidencial Vicky Dávila, en un caso que mezcla justicia, política y tensiones de poder en Colombia.
El debate entre justicia y política en Colombia escaló nuevamente tras las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre la nueva imputación de cargos contra su hijo, Nicolás Petro, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. Para el mandatario, este proceso no es únicamente un asunto judicial, sino un episodio atravesado por presiones indebidas, posibles filtraciones desde la Fiscalía y una disputa política que involucra directamente a la candidata presidencial Vicky Dávila.
La acusación se centra en cinco contratos firmados por la Fundación Conciencia Social (Fucoso) con la Gobernación del Atlántico, por más de 3.000 millones de pesos destinados a programas sociales. Según la Fiscalía, dichos recursos no se ejecutaron en los fines previstos, pues los servicios de atención para adultos mayores y estudiantes en situación de discapacidad nunca se prestaron.
Frente a esta nueva etapa del caso, el presidente Petro afirmó que ha mantenido su compromiso de no intervenir en los procesos judiciales de su hijo. Sin embargo, dijo sentirse obligado a denunciar lo que considera una “aberración judicial”: “Afirmé que no intervendría en el proceso penal de mi hijo. Lo he cumplido. Nadie que tenga que ver con el proceso puede afirmar lo contrario. Pero ahora sí hay presiones indebidas y debo denunciarlas públicamente”.
Vínculos mafiosos y cuestionamientos a la Fiscalía
Las declaraciones del presidente no se limitaron al ámbito familiar. Petro señaló la existencia de una “agrupación mafiosa” con influencia en la Fiscalía, a la que vinculó con la exportación de cocaína desde Buenaventura, operaciones del CTI y hasta con hechos internacionales como el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Cartagena. Según su versión, esta confederación habría intentado “arrodillarlo” usando la situación judicial de su hijo.
“Sé que esta agrupación, dado los golpes que le he dado a su exportación de cocaína a Europa, pretendía arrodillarme con la situación de mi hijo. Esos vínculos incestuosos produjeron que el puerto de Buenaventura exportara más cocaína con ayuda de funcionarios del CTI y que la confederación se extendiera a Ecuador”, denunció el mandatario.
Estas acusaciones refuerzan la narrativa de Petro sobre la infiltración de mafias en las instituciones del Estado y plantean interrogantes sobre la independencia judicial en un país donde la justicia ha sido frecuentemente cuestionada por su politización.
La acusación contra Vicky Dávila
Uno de los puntos más explosivos de las declaraciones presidenciales fue la mención directa a la candidata presidencial Vicky Dávila, a quien señaló de haber usado información reservada de la Fiscalía con fines políticos.
“Sé de los vínculos estrechos entre la entonces periodista Victoria Dávila y el fiscal Barbosa. Sé que gracias a esa alianza, Victoria tenía conocimiento previo de diligencias contra mi hijo. Ahora es candidata presidencial y busca dirigir la nación. Esta nueva realidad la inhabilita para usar procedimientos ilegítimos contra sus contrincantes”, aseguró Petro.
El mandatario presentó lo que considera pruebas de esta articulación: publicaciones de Dávila en redes sociales a las 8:00 a.m. anunciando una imputación contra Nicolás Petro, horas antes de que la Fiscalía hiciera oficial el trámite a las 2:00 p.m. Además, acusó a la candidata de mostrar un documento reservado de la Fiscalía con detalles de la acción judicial.
Petro cuestionó: “¿Cómo obtuvo ese documento reservado? Esto demuestra un uso abusivo de recursos públicos por parte de una candidata de oposición, comprometiendo el derecho a un juez neutral e independiente”.
Justicia o estrategia electoral
La denuncia del presidente abre un complejo debate sobre la frontera entre justicia y política. Si bien Nicolás Petro enfrenta graves acusaciones de corrupción que deberán resolverse en los estrados judiciales, la intervención del presidente visibiliza un fenómeno más profundo: la instrumentalización de procesos judiciales con fines políticos, un mal que Colombia arrastra desde hace décadas.
Los señalamientos contra Dávila, una periodista convertida en candidata, reflejan la tensión entre el periodismo político y la lucha electoral. Mientras Petro sostiene que se trata de un uso ilegítimo de la Fiscalía para favorecer una campaña opositora, sectores de la oposición interpretan sus denuncias como un intento de victimización y desvío de la atención frente a las responsabilidades penales de su hijo.
Lo cierto es que el caso Nicolás Petro ya no solo se analiza en términos judiciales, sino como un escenario donde confluyen mafias, Fiscalía, poder político y aspiraciones presidenciales.
¿Qué está en juego?
Más allá del proceso penal contra Nicolás Petro, lo que se discute es la legitimidad de las instituciones en un país donde la justicia suele percibirse atravesada por intereses políticos. La denuncia presidencial tensiona aún más las relaciones entre el Ejecutivo y sectores de oposición, en un momento en el que Colombia enfrenta desafíos en seguridad, economía y gobernabilidad.
La acusación de que funcionarios judiciales podrían estar al servicio de candidaturas políticas golpea la confianza ciudadana en el sistema judicial y alimenta la polarización. Para los críticos de Petro, sus palabras representan un ataque a la independencia de la justicia; para sus defensores, son un grito de alerta sobre prácticas que desvirtúan el debido proceso y la democracia.
En definitiva, el caso Nicolás Petro se convierte en un termómetro de la fragilidad institucional del país, donde los procesos judiciales pueden transformarse en trincheras políticas. El desenlace de esta confrontación definirá no solo la suerte del hijo del presidente, sino también la narrativa sobre el papel de la justicia en el próximo ciclo electoral.
Y.A.
