La Fundación País, Justicia & Equidad Social, liderada por Alfredo Luis Gravini Simancas, presentó al Gobierno Nacional un proyecto que busca sanear el canal Salao Platanal, recuperar espacio público y garantizar mayor seguridad aérea en el aeropuerto Ernesto Cortissoz.
La Fundación País, Justicia & Equidad Social, a través de su representante legal, Alfredo Luis Gravini Simancas, ha presentado formalmente al Gobierno Nacional una innovadora propuesta de ingeniería y sostenibilidad. La iniciativa busca la construcción de un túnel subterráneo para el Canal Interceptor Salao Platanal con el objetivo de resolver la contaminación ambiental, recuperar el espacio público y, de forma crucial, mitigar los riesgos para la seguridad aérea en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz.
Actualmente, la exposición de aguas residuales y basura en el canal no solo genera problemas de salud pública, sino que también atrae a grandes bandadas de aves carroñeras, como los gallinazos. La presencia de estas aves representa un riesgo grave de impacto con fauna silvestre (bird strike) para las aeronaves que operan en el aeropuerto, poniendo en peligro la vida de pasajeros y tripulación.
En la propuesta, la Fundación enfatiza su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Según Gravini Simancas, tunelar el canal y canalizar las aguas de manera controlada al río Magdalena permitiría:
-
Saneamiento y medio ambiente: Eliminar un foco de contaminación, lo que mejoraría la salud pública y la calidad de los ecosistemas locales.
-
Recuperación urbana: Transformar los terrenos adyacentes al canal en espacios verdes y recreativos para beneficio de la comunidad.
-
Seguridad aérea: Reducir significativamente la presencia de aves en el área de influencia del aeropuerto, disminuyendo así el riesgo de accidentes aéreos.
Gravini Simancas añadió que la iniciativa no es solo una solución técnica, sino un acto de justicia ambiental que considera al río Magdalena como un sujeto de derechos. «Proteger este ecosistema fluvial es una obligación moral y legal para asegurar un futuro sostenible para toda la región», afirmó.
Con esta propuesta, la Fundación hace un llamado al Gobierno Nacional para que actúe y demuestre un compromiso real con la seguridad, el bienestar de los ciudadanos y la protección del patrimonio natural de Colombia.
