El Distrito firmó un nuevo préstamo de $70.000 millones con JP Morgan para cubrir una “insuficiencia temporal de caja”, mientras sigue acumulando compromisos financieros que ya superan los $3,2 billones.
La Alcaldía de Barranquilla dio un nuevo paso en su estrategia de financiamiento con el sistema bancario internacional. El pasado 22 de julio firmó con JP Morgan Colombia un crédito de corto plazo por $70.000 millones, cuyo pago deberá ejecutarse en una sola cuota el 18 de diciembre de este año. El Distrito justificó la operación bajo la figura de una “insuficiencia temporal de caja”, mecanismo legalmente contemplado en Colombia, pero que suele asociarse con problemas de planeación y altos niveles de endeudamiento.
El préstamo tiene como base la tasa IBR, certificada por el Banco de la República, más 3,25 puntos porcentuales. Esta modalidad implica un costo variable para el Distrito, atado al comportamiento del mercado financiero. Los intereses se cancelarán trimestralmente y, para garantizar el pago, la administración constituyó una garantía mobiliaria abierta equivalente al 150 % de la deuda, respaldada con los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD), es decir, con tributos locales como el Impuesto Predial Unificado, el ICA y el Impuesto de Avisos y Tableros.
Este tipo de créditos de tesorería no son nuevos en la administración pública colombiana. Durante la pandemia, se volvieron frecuentes como salida rápida para enfrentar la falta de liquidez. No obstante, analistas financieros advierten que recurrir a ellos de manera recurrente refleja fragilidad en la planeación presupuestal y puede convertirse en un círculo de deuda difícil de manejar.
El telón de fondo: un endeudamiento creciente
La firma de este nuevo préstamo ocurre en un contexto en el que Barranquilla ya carga con compromisos crediticios de gran envergadura. Apenas en mayo pasado, el Distrito firmó otro crédito con JP Morgan por US $83,3 millones (unos $350.000 millones), respaldado con una garantía del Banco Mundial a través de la agencia MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency). Este recurso permitió sustituir una deuda de US $100 millones adquirida en 2022 con el Deutsche Bank, a cambio de condiciones más favorables.
El acuerdo con JP Morgan y MIGA ofrece un plazo de 10 años para pagar, con una tasa de interés fija del 13,15 % y un periodo de gracia de dos años y medio. A simple vista, esa operación alivió la caja del Distrito, que debía abonar cerca de $382.205 millones entre 2024 y 2027 por capital e intereses de la deuda previa. Con la sustitución, la administración de Alejandro Char ganó tiempo y oxígeno financiero para ejecutar su Plan de Desarrollo “Barranquilla, a otro nivel 2024-2027”.
Sin embargo, la cara menos amable de este panorama es que la deuda pública de la ciudad ya alcanzaba $3,2 billones a diciembre de 2024, un nivel que despierta preocupación entre expertos en finanzas públicas. La nueva obligación de corto plazo con JP Morgan, aunque de menor cuantía, se suma a ese acumulado y se convierte en un indicador de que la liquidez inmediata sigue siendo un reto no resuelto.
El costo del respaldo internacional
El apoyo de MIGA no es gratuito. Barranquilla deberá pagar a esa agencia del Banco Mundial más de US $11,7 millones (unos $49.340 millones), distribuidos en 20 cuotas en dólares. El costo es superior al de una póliza convencional, pero le garantiza al Distrito cobertura frente a riesgos políticos y económicos, además de un mejor perfil crediticio en el mercado financiero internacional.
La garantía cubre el 95 % del capital, los intereses y riesgos relacionados con la operación durante toda su vigencia. Esto permitió que JP Morgan aceptara financiar a la ciudad en condiciones competitivas, pero también implica que parte de los ingresos futuros de Barranquilla estarán comprometidos al pago de este respaldo.
Una gestión con luces y sombras
El alcalde Alejandro Char defendió la estrategia financiera, asegurando que con el respaldo internacional la ciudad podrá continuar ejecutando proyectos que “permitan cerrar brechas sociales, crear empleos, promover la inclusión y seguir llevando a Barranquilla a otro nivel”.
Pero en paralelo, economistas locales sostienen que la narrativa de “apalancamiento para el desarrollo” no puede ocultar la dependencia creciente del Distrito hacia el endeudamiento. En la práctica, Barranquilla ha reemplazado deuda vieja por nueva, extendiendo los plazos y asegurando liquidez en el corto plazo, pero comprometiendo recursos de administraciones futuras.
El crédito de $70.000 millones firmado en julio es un síntoma de esta dinámica: se trata de una operación que busca resolver un déficit inmediato de caja, pero que a la vez deja en evidencia las limitaciones estructurales en el flujo de ingresos y la presión que los pasivos generan sobre las finanzas distritales.
El reto hacia adelante
La discusión de fondo no es si Barranquilla puede o no acceder a créditos —porque la ley lo permite y las garantías internacionales lo facilitan—, sino hasta qué punto esta estrategia es sostenible sin afectar la inversión social y el margen de maniobra presupuestal.
Con deudas que se proyectan a 2035 y un cúmulo de pagos adicionales en dólares, la ciudad tendrá que demostrar que sus apuestas de infraestructura y programas sociales efectivamente generan retornos que compensen el endeudamiento. De lo contrario, lo que hoy se vende como oxígeno financiero podría transformarse en una hipoteca que condicione el futuro de la capital del Atlántico.
Y.A.
